Va GF por dinero de cárteles

CIUDAD DE MÉXICO.- Con inteligencia financiera y de seguridad, el gobierno federal rastreará a lavadores de cárteles del narcotráfico a través de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la protección del sistema financiero y la economía nacional.

La nueva dirección especializada, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá solicitar documentos y reportes a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para la investigación de gente relacionada con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, a fin de combatir el “lavado” de dinero.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entra en vigor este miércoles, la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas podrá intercambiar información y documentación, así como distribuir productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y de seguridad pública con la FGR y SSPC.

También podrá intercambiar información con autoridades extranjeras, como las de Estados Unidos, sobre personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, para combatir el “lavado” de dinero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Analizará de igual modo información de personas posiblemente vinculadas a organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, integrará reportes de inteligencia, y recopilará información de entidades y personas que estén sujetas a disposiciones legales, incluyendo actividades vulnerables.

La unidad participará en mecanismos de coordinación nacionales e internacionales para el combate a organizaciones criminales.

Asimismo, será el enlace entre la UIF y autoridades nacionales y extranjeras para diseñar y ejecutar acciones estratégicas de coordinación y cooperación.

“La dirección podrá] fungir como enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera, con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas.