ALGO TRAEN

La estrategia aparece clara: castigar a unos cuantos para intimidar a otros muchos. Las razones de fondo irán conociéndose poco a poco, así como los objetivos concretos de esta escalada de intolerancia y acciones represivas que ha desatado el gallardismo.

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La aprehensión entre jueves y viernes pasados de dos mujeres creadoras y difusoras de contenido crítico del poder y de un huasteco titular de un portal informativo con la misma orientación editorial, forman parte de una cadena de sucesos vinculados entre sí.

El primero y más obvio es la elaboración, presentación y aprobación exprés, a fines del año pasado, de la llamada Ley Serrano, que en términos muy concisos penaliza el uso de la moderna tecnología de inteligencia artificial, cuando se utilice para dañar la identidad y la dignidad de las personas. Como se recordará, la iniciativa correspondiente se presentó y aprobó en pocas semanas.

En abril, el autor del proyecto de reformas que condujo a introducir un artículo 187 ter en el Código Penal del Estado, advirtió que se proponía llevar ante tribunales a quienes lo criticaran por su desempeño público "violentando la ley". Esto, horas después de presentar una denuncia contra el rector Alejandro Zermeño ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuestamente haberlo hecho víctima de discriminación.

Vistas las cosas en la perspectiva actual, resulta obvio que se trata de un entramado gallardista emprendido hace medio año. La perversidad está a la vista. Hace casi 20 años los delitos contra el honor de las personas, como la difamación, la calumnia o las injurias, fueron despenalizadas, básicamente porque sus principales acusados solían ser periodistas y el Estado mexicano decidió que no quería estar encarcelando comunicadores por actos inherentes a su profesión. Así, esas y otras faltas similares salieron de los códigos penales de todo el país y pasaron a ser sancionadas en la vía administrativa: amonestaciones, disculpas públicas, reparaciones económicas y similares.

Con ese contexto jurídico, si el gallardismo quería meter a la cárcel a sus críticos, necesitaba un instrumento legal ad-hoc, y se lo fabricó. Esa herramienta represiva está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha resuelto el recurso presentado por la CNDH. No debe tardar mucho en hacerlo y en opinión de los especialistas existen altas probabilidades de que la reforma hecha al Código Penal del estado sea anulada.

Es fácil suponer que el gallardismo huele otro revés en la SCJN que dejará inexistente la reforma de referencia y por eso apresuró su aplicación. Fue eso o simplemente un arranque de ira por alguna crítica o señalamiento en particular. Obviamente, si la Corte resuelve en ese sentido, ya ningún periodista, creador de contenido o cualquier profesionista similar podrá ser encarcelado. Si causa daños morales, queda expedita la vía administrativa.

Pero ojo, la trama perversa no se agota aquí. De acuerdo con el boletín oficial de la Fiscalía General del Estado, de fecha viernes 22 de los corrientes, las dos mujeres fueron detenidas un día antes por "Probables delitos contra la dignidad humana", que son los que encajarían en la reforma del Código Penal identificada como Ley Serrano.

Sin embargo, el mismo día jueves 21 se libró la orden de aprehensión contra Christian Herrera Rubio, titular de un portal informativo domiciliado en la Huasteca potosina. Tengo a la vista copia electrónica de esa orden, firmada por un juez de control adscrito al Centro Integral de Justicia Penal del estado.

La orden esta remitida a un agente del Ministerio Público de la FGE y a la letra dice: "Por este conducto, hago de su conocimiento que en AUDIENCIA PRIVADA DE SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN celebrada el día de la fecha, derivada del expedientillo al rubro indicado, el suscrito LIBRÓ ORDEN DE APREHENSIÓN en contra de CHRISTIAN HERRERA RUBIO por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PROFESION Y USO INDEBIDO DE CONDECORACIONES O UNIFORMES, cometido en agravio de la sociedad, previsto por el artículo 259 fracción I del Código Penal vigente en el estado y sancionado con el último párrafo de dicho artículo". (Todos los énfasis son del original).

¿Qué significa esto? Que si al colega huasteco no le podían aplicar la Ley Serrano, pero querían meterlo a la cárcel como fuera, le aplicaron un artículo muy extraño para el caso, que como dice la orden de aprehensión tiene que ver con usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones y uniformes.

Lo que tienen en común las dos mujeres y Christian es que el contenido de sus medios, principalmente redes en el caso de las primeras, no puede en modo alguno ser del agrado del gallardismo. En uno de los casos, el de las féminas, es bastante ácido y desmandado, pero para asuntos así desde hace 20 años están contempladas sanciones y correctivos en el Código Civil. Ignoro incluso si se conocen entre ellos.

MÁS DE LO MISMO

Visto lo relatado líneas arriba, resulta obvio que por una razón u otra y con sustentos jurídicos endebles, el gallardismo (no digo Ricardo Gallardo, porque se comienza a ver que en algunas operaciones políticas la iniciativa y el mando los asume Héctor Serrano) quería encarcelar comunicadores que lo irritan y traía prisa para no esperar algunas semanas a que la Corte resuelva.

Pero hay más elementos de juicio para sustentar la apreciación. Un día después de las primeras aprehensiones, un joven titular de un medio electrónico de buena audiencia, recibió una atenta llamada de uno de los colaboradores más cercanos de Gerardo Zapata, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado. En términos muy comedidos y pretendidamente amistosos, el funcionario le dijo que estuviera tranquilo, que su nombre no figuraba en ninguna lista de ordenes de aprehensión o cosas parecidas, pero que aprovechaba la llamada para pedirle que a ver si le podía "bajar tantito" a sus criticas (nunca dolosas ni desmedidas). El interpelado entendió rápido el mensaje subyacente: "no estás, pero podrías estar".

Algo similar ocurrió con otro responsable de un portal informativo domiciliado en un municipio del interior, quien ante una llamada parecida, pero con más años en el oficio, a todo dijo que sí y ya está en proceso de cierre de su medio.

Según las diversas versiones de conocedores del tema, el gallardismo controla en todo el estado cerca de 200 medios de comunicación, principalmente portales electrónicos y páginas en redes sociales. Los independientes que no se someten a los dictados del poder, sin ser necesariamente críticos severos, probablemente no lleguen a cincuenta. Si el Ejecutivo encarcela a unos cuantos de sus titulares o colaboradores, todo mundo entenderá el mensaje. Si acaso quedará un puñado de osados cumpliendo una labor periodística verdaderamente útil para los potosinos.

Algo que también ha llamado la atención en todo este asunto, es que la FGE ha aplicado un secretismo más riguroso que en otras ocasiones. Es verdad que los procedimientos penales imponen muchas normas de confidencialidad, además de que deben extremarse precauciones para no revictimizar a nadie, pero con todas las precauciones del caso se permite saber de qué tipo de personas, empresas o instituciones se trata.

Observe usted que en el texto de la orden de aprehensión que reprodujimos párrafos arriba, se alude a un delito "cometido en agravio de la sociedad". ¿Y quién ostentó la representación de la sociedad para presentar la denuncia, querella o como se llame?

Debo enfatizar algo. Nada hay en esta colaboración que pretenda o insinúe siquiera un trato privilegiado para los periodistas o comunicadores o creadores de contenido. Si algunos nos excedemos, insisto, hay recursos legales para sancionar vía administrativa. Lo que sí hay, y mucho, es un esfuerzo para llamar la atención sobre lo que está pasando en nuestra tierra, que en resumen me parece una dura campaña de amedrentamiento. 

No sé en este momento si es algo que tiene que ver con los prolegómenos de la sucesión gubernamental y vislumbres de que no viene fácil para las intenciones del gallardismo. Pero no tardaremos mucho en saberlo.

Escribo cuando está por iniciar la audiencia judicial en la que se sabrá si los detenidos quedan o no sujetos a proceso y si recuperan o no su libertad. Su duración es incierta, por lo que no puedo esperar a su celebración. 

Me despido con una certeza: si el gallardismo insiste en transitar esta ruta, el tiro le va a salir por la culata.

COMPRIMIDOS

Pues con la novedad de que según sus allegados, doña María Olvido Rodríguez Vázquez, actual presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, será la candidata del PVEM a presidenta municipal de la capital. Así se lo habría comunicado el propio gobernador Ricardo Gallardo, por lo que ya incluso ha comenzado a realizar reuniones de trabajo con grupos que pueden ayudarla en su campaña.

La llamada Ley Esposa, que el gobernador vetó después de haberla impulsado a trasmano del Ceepac, quedó muerta y enterrada el pasado martes, y fue sustituida con una norma distinta. Aquella pretendió obligar a que en el 2027 todos los partidos habidos y por haber postularan exclusivamente mujeres. Intención que se frustró luego de un par de telefonazos de las alturas federales diciéndole al jefe del verde local, que no le pusiera tanta crema a sus tacos. La nueva disposición establece que para el 2033 se debe aplicar la alternancia de genero obligada. Es decir, que si en la elección anterior se postuló un hombre, ahora deberá ser mujer. Esa norma también morirá en el camino.

 Es ya no absurdo sino grotesco que el Congreso del Estado le alegue a la Suprema Corte que no puede llevar a cabo las consultas públicas que tiene pendientes, por carecer de 15 millones de pesos para financiarlas. ¡No marchen! El Legislativo es el órgano que por mandato constitucional revisa y aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado, con facultad para hacer modificaciones justificadas. Claro que puede disponer de esos millones, y hasta más, ejerciendo sus atribuciones. Hasta para mentir son patéticos.

¿Como qué tanto sabrá Mario García de promover inversiones? Calculo que más o menos lo mismo que Torres Cedillo de promover la cultura potosina. Mucho más sentido habría tenido ascender al reevaluado exrector a la SEGE. Esto de los relevos en el gabinete es un verdadero y soberano desmadre.

Hasta el próximo jueves.