Caballo de Troya judicial
En el último capítulo de la primera elección de juzgadores por la vía de las urnas, se ha confirmado una de las principales alertas que hicieran meses atrás distintos especialistas en la materia, a saber, la existencia de candidatos vinculados al crimen organizado. La premura con la que se diseñó y aprobó la reforma al Poder Judicial fue criticada en su momento por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados (JUFED), por la relatoría de las Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por una infinidad de organizaciones sociales, colegios, académicos y barras de abogados.
Todos coincidieron en la necesidad de mejorar el acceso a la justicia en México, sin embargo, al conocer el contenido de la reforma, advirtieron sobre la vulneración tanto de la independencia judicial como de los derechos laborales de quienes a pesar de su experiencia fueron desechados por tómbola. También alertaron sobre las consecuencias de un proceso desaseado y opaco que empieza a cobrar factura. En su momento, Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas envió una comunicación a autoridades mexicanas señalando distintas inquietudes en torno a la reforma. Más tarde, publicaría un artículo en el que recomendaba mantener estándares de transparencia y regulación del proceso para evitar la influencia indebida de élites políticas, económicas o del crimen organizado. El descuido del proceso inevitablemente llevaría a que México estuviera frente a un caballo de Troya judicial: “atractivo a primera vista, pero peligroso para el sistema judicial y por lo tanto, para la sociedad en su conjunto”.
Frente a la evidencia, no hemos visto que ni los autores de la reforma ni los ejecutores asuman sus responsabilidades. El presidente del Senado ha aceptado que existen perfiles que no cumplen con criterios de probidad pero que fueron ponderados por los Comités técnicos de los poderes públicos y aprobados por el mismo Senado, incluida la intromisión en el trabajo inconcluso del comité Técnico del poder judicial.
Varias decisiones de los árbitros electorales tampoco han ayudado a blindar el proceso de intereses particulares. Por ejemplo, el Tribunal Electoral ha desechado todas las impugnaciones relacionadas con candidatos que fueron excluidos de último momento o que aparecen postulados para una materia a la cual no se candidatearon. También, desecharon las quejas frente a una geografía electoral que diseñó distritos judiciales asimétricos que no garantizan la igualdad del sufragio independientemente de la entidad de residencia. Finalmente, y contrario a los estándares de cada elección, el Tribunal Electoral permitió que los poderes públicos puedan promover la elección judicial “con fines educativos”. El INE ha tenido que lidiar con la austeridad asumida. Menos casillas, menos capacidades, menos garantías de equidad.
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Hasta este miércoles, una oleada inesperada de 202 mil 334 ciudadanos y 337 integrantes de organizaciones habían solicitado su registro como observadores electorales ante la autoridad electoral. Esto en una elección que despierta bajo interés en la ciudadanía, es sumamente atípico. La elección más observada de los últimos 20 años fue la de 1994 con poco más de 81 mil observadores. El INE ya desechó 24 mil solicitudes de personas vinculadas a partidos políticos. Sin embargo, quienes sean acreditados podrán estar en casillas en las que no habrá representantes de partido, en donde no habrá conteo ciudadano de votos sino simplemente “clasificación” del tipo de elección, en donde no habrá conteo rápido, en donde no habrá resultados preliminares, en donde se ratificarán perfiles preseleccionados por los poderes públicos y en donde inexplicablemente no se anularán las boletas no utilizadas. ¿Quiénes son estos ciudadanos vigilantes y qué pretenden hacer con la elección?
(Investigadora de la UdeG)
