De gentíos y negligencia
Llamémosla Daniela. La noche del martes, asistió junto con un grupo de amigas, al concierto que el veterano reguetonero Don Omar ofreció en la Fenapo.
Le impresionó la multitud que ya había horas antes del concierto. Antes, su grupo había invertido una cantidad considerable de tiempo en llegar, por el bulevar Rocha Cordero, por el tráfico hacia el recinto ferial.
Cuando logró entrar, por la puerta que conecta a la zona de juegos mecánicos, se encaminó a la parte más alejada del escenario, pegada a la calle Las Vegas de la colonia Tepeyac, para dar un rodeo y avanzar, por la zona de las terrazas, para lograr estar lo más cerca posible del escenario.
A duras penas ella y su pequeña tropa, entre las que había algunas adolescentes, lograron llegar más o menos a la mitad del enorme predio que alberga los conciertos en la feria, por la zona donde se instalan las torres de sonido y cámaras.
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Pero llegó un momento en que ya no pudieron avanzar más, por lo cerrado de la multitud. Atrapada por las oleadas que llegaron tras ellas, Daniela empezó a sentirse mal, por el calor, el apretujamiento y, literalmente, la falta de aire. Estaba prácticamente inmovilizada.
Como pudo, logró salir del hacinamiento y regresar a una zona con menor afluencia para disfrutar la función.
Para su desazón, duró poco, menos de una hora. Sus fans pasaron más tiempo arribando y, todavía más, desalojando el lugar, otra hora al menos para salir del teatro y un lapso similar para llegar a su auto.
Lo anterior es porque la puerta por la que entró, una de las dos que tiene el recinto, fue cerrada, lo que entorpeció aún más la salida. Los videos de los ríos de gente que buscaba salir por una de las salidas evidencia el "tapón" que se formó.
El riesgo de ahogamiento y la lenta salida no fueron las únicas situaciones anómalas que atestiguó. Uno fue el intenso olor a mariguana entre la audiencia. Los miles de personas que asistieron hacían imposible una revisión para evitar la entrada de sustancias.
Por otro lado, observó que los techos de los baños aledaños a la zona de terrazas estaban abarrotados de asistentes. Se trata de tejados de lámina, que no están diseñados para sostener personas.
En fin, sean o no los 358 mil asistentes que el gobierno estatal se ufana de haber metido el martes al Teatro del Pueblo (pese a que esta misma administración asegurara en ediciones pasadas que a ese espacio le caben 100 mil asistentes y se usaba sólo el 75% por cuestiones de seguridad) o sea una cifra inferior, más lógica, lo cierto es que el Teatro del Pueblo se ha convertido en un potencial desastre debido a que las más básicas precauciones de protección civil se han relegado en aras del afán de promoción y propaganda de este gobierno.
Y hay bases para afirmar lo anterior. Un académico británico G. Keith Still, se especializa en el estudio de eventos multitudinarios con fines de evaluar y prevenir riesgos (https://www.gkstill.com/ExpertWitness/CrowdRiskAnalysis.html.) La empresa que fundó expone en el nombre su vocación: Crowd Risk Analysis Ltd.
Still publicó un estudio "Seguridad de Multitudes y análisis de riesgos de multitudes". Señala que para generar condiciones seguras en un evento multitudinario, la densidad de la aglomeración es clave. Es decir, la distribución de las personas de acuerdo a la superficie que ocupan.
Entre más gente, más riesgo, es la tesis, y señala que el escenario más seguro es el de dos personas o menos por metro cuadrado. Conforme crece el número de personas por metro cuadrado, se agranda el riesgo. El caso extremo es de 5 personas por metro cuadrado, indicador que debería ser considerado como el límite superior para espacios de pie. Rebasada esa marca, se generan condiciones de alto e impredecible riesgo. Hay cosas a las que no se le pueden quitar los límites.
Por otro lado, existe una herramienta en internet, Mapchecking (www.mapcheking.com), diseñada para calcular, con base en la superficie de algún sitio, la afluencia de personas que puede soportar y, basada en las convenciones mundiales sobre los límites seguros de asistentes a eventos realizados en lugares cerrados, advertir los niveles de riesgo que entraña una multitud.
Aplicado al predio del Teatro del Pueblo, la herramienta señala que mide 23 mil 611 metros cuadrados.
La herramienta presenta escenarios de seguridad variando la afluencia. Incluso con el muy seguro nivel con dos personas por metro cuadrado, el semáforo en el caso potosino repasa el amarillo y se vuelve anaranjado. Y eso es con 47 mil 221 espectadores estimados.
El nivel extremo, se alcanza con cinco personas por metro cuadrado, siendo el límite de 118 mil 053 asistentes.
La dudosa afluencia oficial del concierto del martes, los 358 mil personas, dejaría una densidad de 15.1 personas por metro cuadrado, tres veces más que el límite considerado seguro.
Pero se trata de un parámetro externo, sin validez legal aquí. Las disposiciones estatales y federales de protección civil no establecen límites de asistencia a un evento masivo, sino sólo marca la obligación de presentar al organizados del evento un programa interno de protección civil.
Sólo hay una norma que establece protocolos de actuación para eventos riesgosos, incluso la facultad de suspender un espectáculo "cuando existan riesgos que pongan en peligro la integridad física del público asistente".
Pero hay un problema: se trata del Reglamento de Espectáculos Públicos del Municipio. ¿El ayuntamiento de Enrique Galindo clausurando el Teatro del Pueblo? Impensable.
La Coordinación Estatal de Protección Civil, pese a que ya emitió en el pasado líneas de actuación para evitar aglomeraciones en el Teatro del Pueblo, no va a hacer nada. Está condenada a aplaudir lo que dicte el jefe, el gobernador Gallardo Cardona. De hecho, es Protección Civil estatal la fuente de la cifra exagerada de asistentes, según muestra un aviso presentado por el cantante en sus redes sociales.
Afortunadamente no ha habido consecuencias graves por el sobrecupo en el Teatro del Pueblo. Pero este concierto dio avisos: 117 personas atendidas por equipos médicos, presuntamente por desmayos.
Entre una autoridad sometida y un gobernante que está interesado en que su evento imponga récords, ciertos o ficticios, la seguridad de los asistentes está pasando a segundo plano.
"Pus y porquería"
A principios de este mes, se desató una más de las escaramuzas recurrentes entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, parte de su ya evidente pugna política inscrita en la batalla por la gubernatura en 2027.
Días antes, un operativo federal "reventó" una residencia en el Club la Loma, en donde se encontró un arma de fuego irregular, lo que derivo en la detención de un hombre acusado, además de eso, de violencia conyugal. De acuerdo a las evidencias, el caso en esencia es un terrible conflicto conyugal, pero empezaron a circular versiones de la existencia de un centro de espionaje mediante el cual, el gobierno estatal vigilaba a adversarios y opositores.
La información circuló sin fuente y sólo se basó en que el detenido era accionista de una empresa de seguridad que había hecho negocios con el gobierno estatal y que en esta administración le había vendido equipo para esa labor, además de ligarlo como funcionario encargado de esa tarea.
Es cierto que algunos medios documentaron la existencia de contratos, con esta y con la anterior administración, que involucraban millones de pesos entre la empresa de la que era socio el detenido e instancias estatales. Como suele ocurrir con las adquisiciones estatales, el asunto tenía pinta del uso poco claro de cifras millonarias para contrataciones dudosas.
Pero nada más se comprobó. No hubo evidencias de un centro espía ni de que hubiera liga directa del funcionario con el gobierno estatal. Hasta donde se sabe, el detenido acabó siendo liberado, por la vía del amparo, para llevar el proceso en libertad.
Sin embargo, la acusación de un centro de espionaje gallardista escaló a medios nacionales, que difundieron esa versión. Enojado, Gallardo Cardona explotó el pasado 5 de agosto y, sin ninguna restricción, acusó a Galindo Ceballos de financiar y usar una red de "medios patito" para atacarlo.
Esta red, afirmó el mandatario, recibió 100 millones de pesos por difundir "pus y porquería" contra su gobierno. Anunció también una investigación a las pautas de la publicidad pagada en redes sociales, vehículo de esos ataques.
Galindo Ceballos, por su parte, ya había denunciado en varios momentos ser blanco de la misma estrategia, aunque no llegó al punto de ponerle nombre y apellido al responsable.
Ambos coinciden en un punto: las "fake news" se han usado como arma política en San Luis desde el auge de las redes sociales y el internet. Y el fuego ha ido en los dos sentidos.
Y ambos tienen razón: existen redes bien financiadas de vehículos de desinformación con fines políticos, con presencia amplia en diversos medios merced a un generoso financiamiento, muchas veces de origen público.
Precisamente en esos días, circuló en redes sociales, específicamente en Whatsapp, un documento de 22 páginas con la identidad gráfica gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Con el título "Informe de inteligencia 12 de junio de 2025", el documento daba cuenta de la "Identificación de red de espionaje en San Luis Potosí (Centro de comando)", compuesta de 125 "medios de oposición sensacionalistas", "medios empleados para campañas de desprestigio" y "páginas financiadas con recursos de procedencia ilícita".
El supuesto documento establecía que la red tenía una "vinculación con el gobierno estatal", que "habría utilizado fondos públicos" para financiarla, buscando "movilizar gente contra sus oponentes" a través de la difusión de "rumores, fake news y mensajes de odio".
El documento no anunciaba ninguna investigación oficial y tenía una redacción claramente cargada a la denuncia, alejada del desapasionado estilo de un informe oficial.
Un vocero de la SSPC federal consultado al respecto confirmó que el reporte "no era oficial".
La difusión de una abierta falsificación de un documento oficial de la Federación le daba, parcialmente, la razón a Gallardo Cardona: en San Luis Potosí, la desinformación era utilizada como parque en esta guerra sucia política.
La guerra sucia mediática en San Luis no es cosa nueva y va para largo. El riesgo es que, enmarcada en una aguda disputa entre el gallardismo y el galindismo por el destino del gobierno estatal, siga creciendo de manera descontrolada, afectando a las audiencias y, a la vez, reduciendo el margen de acción del periodismo serio y ético que persiste en los medios potosinos.
