El bienestar como coartada: cuatro sexenios de política social fallida

En mi columna anterior sostuve que México vive atrapado en un espejismo del bienestar: un Estado que reparte apoyos, multiplica programas y presume cobertura, pero que no logra articular una verdadera política social capaz de transformar las condiciones estructurales de la pobreza, la desigualdad y el rezago. La idea central era sencilla, pero brutal: en México, la política pública y la política social caminan divorciadas. Una piensa sin transformar; la otra reparte sin construir. Hoy conviene llevar esa reflexión un paso más atrás. El divorcio actual no nació de la nada. Se incubó durante al menos cuatro sexenios, bajo gobiernos de distinto signo político, con discursos aparentemente opuestos, pero con una misma limitación de fondo: todos privilegiaron soluciones inhibidoras, fragmentadas y singulares frente a problemas que son sistémicos, multidimensionales y profundamente complejos.

Con Vicente Fox, la alternancia democrática abrió una expectativa histórica. Después de más de setenta años de hegemonía priista, el "gobierno del cambio" prometía desmontar inercias, combatir la pobreza y modernizar la acción social del Estado. Sin embargo, el cambio fue más retórico que estructural. Progresa se transformó en Oportunidades; el Seguro Popular amplió el horizonte de cobertura en salud; y la estrategia Contigo intentó coordinar múltiples programas sociales. Pero el modelo terminó atrapado en una lógica focalizada, condicionada y desarticulada. Se administró la pobreza, pero no se desmontaron las condiciones que la reproducen.

Felipe Calderón heredó ese andamiaje y lo profundizó en un contexto adverso: polarización política, crisis económica global y una agenda pública absorbida por la seguridad. Su política social mantuvo la lógica de las transferencias condicionadas y apostó por programas como Vivir Mejor. Sin embargo, el problema persistió: más gasto no significó mayor transformación. La política social operó como mecanismo de contención ante la crisis, no como estrategia de movilidad social. Fue una política inhibidora: amortiguó daños, pero no alteró causas; asistió a los pobres, pero no modificó la arquitectura que produce pobreza.

Con Enrique Peña Nieto, la política social se convirtió en espectáculo de Estado. La Cruzada Nacional contra el Hambre fue presentada como una gran estrategia de coordinación territorial contra la pobreza extrema alimentaria. En el discurso, parecía una política integral. En la práctica, terminó diluida entre dispersión institucional, opacidad operativa y resultados limitados. La administración peñista quiso vestir la política social con lenguaje técnico y épica reformista, pero no logró conectar alimentación, ingreso, educación, salud, empleo y desarrollo regional en una sola estrategia coherente. La Cruzada mostró el viejo vicio mexicano: convertir un problema complejo en una marca sexenal.

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El sexenio de Andrés Manuel López Obrador introdujo una ruptura simbólica importante: la constitucionalización de varios programas sociales. Pensiones, becas y apoyos directos fueron elevados al rango de derechos, lo que representó un avance jurídico y político relevante. Sin embargo, ese avance convivió con un proceso de desinstitucionalización. La eliminación del Seguro Popular, la desaparición de intermediaciones técnicas, el debilitamiento de reglas de operación y la tensión con los mecanismos de evaluación mostraron una política social cada vez más centralizada, personalizada y dependiente de la transferencia directa. La política social ganó potencia distributiva inmediata, pero perdió densidad institucional.

El balance de estos cuatro sexenios es incómodo: México ha confundido programas sociales con política social. Un programa puede entregar dinero, ampliar padrones o atender una urgencia; pero una política social integral debe transformar condiciones de vida, fortalecer derechos, articular instituciones, producir capacidades y reducir vulnerabilidades de manera sostenible. La pobreza, el rezago educativo, la informalidad laboral, la exclusión territorial y la desigualdad no son problemas aislados. Son fenómenos interconectados que no pueden resolverse con respuestas aisladas.

La tragedia mexicana no es la ausencia de programas. Al contrario: hemos tenido demasiados. Oportunidades, Contigo, Vivir Mejor, la Cruzada contra el Hambre, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, becas universales y pensiones. Por eso, el problema no está únicamente en Fox, Calderón, Peña Nieto o López Obrador. El problema está en una racionalidad gubernamental que reduce la política social a reparto, la evaluación a trámite, la pobreza a estadística y el bienestar a propaganda. 

El reto no es inventar otro programa. El reto es romper la lógica de las soluciones inhibidoras, fragmentadas y singulares. México necesita pasar del asistencialismo a la integralidad; de la transferencia al derecho efectivo; del padrón al diagnóstico; del cálculo electoral a la construcción institucional; de la ocurrencia sexenal a una verdadera política de Estado. Porque el bienestar no se decreta, no se improvisa y no se reparte como dádiva. El bienestar se construye con instituciones, coordinación, evidencia, continuidad y justicia social. Mientras eso no ocurra, la política social mexicana seguirá siendo lo que ha sido durante cuatro sexenios: una maquinaria eficaz para prometer transformación, pero profundamente incapaz de producirla.

louis.mballa@uaslp.mx