Gestión y diversificación financiera de las universidades públicas en México

Por Guadalupe del Carmen Briano Turrent

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.

La educación superior en México desempeña un papel fundamental en el desarrollo social, económico, cultural y científico del país. Su función va mucho más allá de formar profesionistas al contribuir al desarrollo regional y local. El Programa Sectorial de Educación y los lineamientos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reconocen tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. El artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiende derecho a la educación, y la fracción X de dicho artículo, menciona que es responsabilidad del Estado –federal y local- asegurar que la educación superior sea obligatoria, lo que implica diseñar e implementar políticas públicas adecuadas para garantizar el acceso y permanencia en el nivel superior.

Las universidades públicas en México, reciben financiamiento principalmente del gobierno federal y estatal y también a través de la generación de ingresos propios o autogenerados para complementar su presupuesto. De acuerdo a datos de la ANUIES, en promedio, los ingresos propios representan entre el 10 y 15% del presupuesto total de las universidades públicas, aunque este porcentaje puede llegar a variar de acuerdo a la magnitud de los servicios que ofrecen las instituciones de educación superior. Por su parte, la asignación presupuestal federal y estatal para las universidades públicas en México, muestra una distribución media de 58% proveniente del gobierno federal y 27% aportado por gobiernos estatales. De acuerdo a un estudio publicado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en 2025, algunas instituciones de educación superior bien posicionadas en rankings internacionales, reciben un mayor porcentaje de recurso estatal respecto a su presupuesto total, como son los casos de la Universidad de Guadalajara (49.3%), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (25.7%), la Universidad Autónoma de Nuevo León (24.9%), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (43.2%), la Universidad Autónoma del Estado de México (47.9%), de la Universidad Autónoma de Baja California (36.5%) y la Universidad de Guanajuato (34.1%).

Comparando contextos similares a México, la Asociación Colombiana de Universidades estima que el 52% del presupuesto es financiado por el Estado, mientras que aproximadamente el 48% de los recursos provienen de fuentes propias. En Guatemala el 70% es autofinanciado por el sector privado, mientras que en las universidades públicas de España, el 16% de su presupuesto proviene de ingresos propios y el 84% de transferencias corrientes y de capital por parte del gobierno.

Existen importantes variaciones en la composición presupuestal de las universidades públicas, tanto por país, como por Entidad Federativa en México. Con el tiempo, se observa una disminución en el financiamiento gubernamental, que aunado al tema de la gratuidad de la educación superior en México, obliga a las instituciones de educación superior a fortalecer las estrategias de autofinanciamiento y a depender cada vez más de sus propias capacidades de generación de ingresos. Las principales fuentes de ingresos propios de las universidades públicas se refieren las cuotas de inscripción y servicios escolares, servicios educativos y de extensión, servicios tecnológicos, científicos y de consultoría, producción y venta de bienes y servicios, patentes, licencias y transferencia de tecnología, donaciones, aportaciones y fideicomisos, arrendamiento de infraestructura, entre otras.

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La participación activa de las universidades para alcanzar la sostenibilidad financiera es un reto importante para hacer frente a la dependencia única en el gobierno y vulnerabilidad a las fluctuaciones del presupuesto fiscal. Para ello es necesario desarrollar estructuras administrativas apropiadas, diseñar normativa clara y precisa que permita transitar a un modelo de empresa universitaria, promover la transferencia tecnológica y una fuerte internacionalización, así como un sistema de incentivos para que el personal universitario participe activamente en la generación de ingresos. Estas estrategias deberán ir alineadas a los principios básicos de la universidad: la inclusión social y educativa, la calidad académica, la administración transparente, la transformación social, la justicia social y la orientación científica y humanística.