Guárdanos de la Guardia
La noche del pasado jueves, policías municipales en Puebla detuvieron a seis miembros de la Guardia Nacional quienes ayudaron a escapar a integrantes del grupo delictivo “Los Oaxacos”. A principios de junio, la diputada federal Margarita García García realizó una denuncia pública desde la Cámara de Diputados a en contra de elementos de la Guardia Nacional por supuestos vínculos con el crimen organizado. “No nos cabe duda de que también forman parte de la delincuencia organizada”, afirmó la diputada. De acuerdo con un reportaje, entre 2019 y abril de 2022 fueron registradas 8 mil 656 denuncias en contra de elementos de la Guardia Nacional, 135 derivaron en investigaciones (por extorsión y abuso de autoridad). Según un informe del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua (2024), 30% de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o GN, durante su trayecto en México. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, además, identificó entre enero de 2022 y mayo de 2023, una decena de operativos de la GN y el INM, en los que se detuvo principalmente a mujeres –incluso embarazadas–, niñas y niños con “uso de fuerza física intensa”.
Estos datos hablan de abusos y comportamientos persistentes en la institución que está por recibir del Congreso control pleno de la seguridad pública federal, incluidas facultades de espionaje a civiles. Esto, sin controles civiles, sin mecanismos de transparencia, con un Poder Judicial debilitado y con fuero militar (esto es, tribunales militares en los que no participa ningún civil). Con la reciente reforma constitucional y nueva ley, los militares —a través de la Guardia, cuyos miembros han sido acusados de abusos y extorsiones— quedarán a cargo de la institución nacional de seguridad pública. Podrán investigar delitos, investigar para prevenir delitos, arrestar personas, hacer espionaje a los civiles sin intervención judicial e incluso realizar otras facultades que habían sido declaradas inconstitucionales por la SCJN.
En el debate público uno de los temas que más llamó la atención es la posibilidad que da la nueva ley a los miembros de la Guardia de ocupar puestos de elección popular. Desde el gobierno se ha minimizado la gravedad de esta disposición alegando que ya existía la posibilidad de que miembros del Ejército ocupen cargos de elección popular. Sin embargo, nunca en la historia reciente habíamos presenciado un despliegue militar con las magnitudes que hoy existe, o la presencia militar hasta en los cuerpos electorales e instituciones educativas. Si hoy estos artículos encienden alertas es porque no resulta en el imaginario distante el involucramiento de militares en los partidos políticos, en los órganos legislativos y por qué no, en los judiciales. ¿No son los cargos de jueces también “de elección popular”?
Desmontaron la protección a nuestra información personal al desaparecer el Inai, debilitaron al Poder Judicial, haciendo de nuestros derechos fundamentales un tigre de papel. Hoy le otorgan nuestra información personal y una patente para participar en la política electoral al Ejército a través de la Guardia Nacional. ¿Qué podría salir mal?
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@cataperezcorrea
(Doctora en derecho)
