Inclusión Inmediata
La reciente noticia sobre la agresión sufrida por una estudiante con discapacidad en una secundaria de Rioverde no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple episodio de violencia escolar. Es, en realidad, un síntoma profundo de una deuda estructural que el sistema educativo arrastra desde hace años y que, cada tanto, se hace visible de la peor manera.
He sostenido en distintos espacios académicos, particularmente a propósito del Proyecto Matehuala sobre educación superior inclusiva, que la inclusión no es una declaración administrativa ni un eslogan políticamente correcto. Es una responsabilidad pública estructural. Cuando una niña con discapacidad es violentada dentro de un plantel educativo, lo que fracasa no es únicamente la convivencia entre estudiantes: fracasa el modelo institucional que debió anticipar, prevenir y contener.
Las medidas anunciadas —investigación, reparación del daño, atención psicológica, capacitación docente— son indispensables. Sin embargo, resultan reactivas. La pregunta que debemos formularnos es por qué seguimos llegando tarde. ¿Por qué la prevención no ocupa el centro de la política educativa?
La violencia hacia personas con discapacidad suele operar en un plano que podríamos denominar invisibilidad estructural. No siempre comienza con un golpe. Empieza con burlas normalizadas, con miradas que cosifican, con omisiones, con ausencia de ajustes razonables, con protocolos que existen en el papel pero no en la práctica cotidiana. Empieza cuando la diferencia es tolerada como excepción y no asumida como parte natural del tejido social.
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Desde la perspectiva de la responsabilidad pública que he trabajado, la educación no puede limitarse a transmitir contenidos. Tiene un mandato constitucional y convencional claro: formar ciudadanía en dignidad. Y la dignidad no se enseña en abstracto; se practica todos los días en el aula, en los pasillos, en la manera en que el personal docente interviene frente a un conflicto y en la rapidez con que la institución protege a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Cuando una estudiante con discapacidad es colocada en una dinámica que termina en agresión, el mensaje implícito es devastador: no eres sujeto pleno de derechos, eres objeto de tolerancia. Esa lógica contradice el modelo social de la discapacidad y el enfoque de derechos humanos que nuestro país ha asumido formalmente.
Lo ocurrido en Rioverde debe obligarnos a replantear la formación docente en derechos humanos como un eje transversal y permanente, no como un curso aislado. Debe impulsarnos a medir la inclusión con indicadores reales, a fortalecer los mecanismos de denuncia y a garantizar que cada plantel educativo cuente con protocolos vivos, conocidos y aplicados.
La inclusión auténtica no se refleja en informes institucionales, sino en ambientes seguros donde cada estudiante sabe que su dignidad será protegida. Si no transformamos la estructura, la noticia dejará de ser excepción y se convertirá en repetición. Y eso, simplemente, no podemos permitirlo.
Las y los espero con el gusto de siempre, el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com
