La Corte que se va y el silencio calculado (Prisión Automática)

“Castigar juzgando”

 Ferrajoli

La prisión preventiva oficiosa (PPO) se ha convertido en uno de los temas más controvertidos de los últimos años en México.  Su permanencia refleja la tensión entre la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, además de evidenciar el costo político de asumir decisiones incómodas. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró su última sesión antes de dar paso a una nueva integración, cuyos ministros serán electos por voto popular, y que cargará con la expectativa de redefinir el papel del Poder Judicial en un país donde la justicia pende de equilibrios políticos.

En distintos artículos de opinión he abordado la manera en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado reiteradamente la prisión preventiva automática. Casos contra Venezuela, Ecuador, Honduras y México han dejado claro que el automatismo con el que se impone esta medida cautelar vulnera principios elementales como la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la igualdad ante la ley. México, con los casos paradigmáticos de Tzompaxtle Tecpile y de García Rodríguez y Reyes Alpízar, ha recibido sentencias condenatorias por el uso indiscriminado de esta figura, utilizada más como castigo anticipado que como medida cautelar legítima.

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Lo interesante es observar el desenlace político de la SCJN saliente. Durante meses se había anunciado que el pleno discutiría la constitucionalidad de la PPO. Incluso, se conocía que los proyectos de resolución ya estaban elaborados y que éstos apuntaban a declararla inconvencional, siguiendo la línea marcada por la Corte IDH. Sin embargo, la discusión fue postergada en tres ocasiones y, finalmente, sepultada en el silencio. El cálculo político ganó la partida: una Corte que se va, prefirió no pronunciarse en un tema que compromete al Estado mexicano, para dejarle la decisión a la nueva integración que nacerá bajo el signo del voto popular. 

Este silencio tiene varias lecturas. Por un lado, permite a la SCJN saliente cerrar su ciclo sin enfrentar directamente al Constituyente, que en 2024 reformó expresamente el artículo 19 constitucional para blindar la prisión preventiva oficiosa. Por otro, coloca a la nueva Corte en el centro de un dilema: mantener el esquema punitivo que ha provocado sobrepoblación carcelaria y graves violaciones de derechos humanos, o bien, dar un giro hacia un modelo más garantista en línea con la Convención Americana. 

La apuesta política, en cualquier caso, es clara: el desgaste y la responsabilidad serán del tribunal entrante. La paradoja es que esta Corte, que en el pasado defendió la supremacía constitucional restrictiva frente a los tratados, ahora prefirió evadir el pronunciamiento en un tema clave. Mientras tanto, más de 66 mil personas en México siguen privadas de la libertad sin sentencia, según datos de la ENPOL. En los hechos, la PPO ha sido utilizada como indicador de eficacia institucional y como herramienta de control social. 

El silencio de la Corte que se va, lejos de cerrar el capítulo, lo deja abierto con mayor incertidumbre. Todo está por verse con la nueva integración del máximo tribunal. La ciudadanía no solo espera ministros electos en las urnas, sino jueces capaces de enfrentar los dilemas constitucionales con independencia y valentía. Si la prisión preventiva oficiosa seguirá siendo un castigo anticipado o se convertirá en el punto de inflexión hacia una justicia garantista, dependerá ahora de quienes asuman el reto histórico de una Corte renovada. 

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com