Otra forma de evaluar a un Congreso

Este texto no tiene que ver con la iniciativa de Congreso Calificado que tiene ya un rato haciendo una medición cuantitativa del desempeño legislativo de quienes forman parte del Congreso de San Luis. Tampoco sobre una anunciada iniciativa para crear una Unidad de Evaluación Legislativa al interior del Congreso del Estado o de su Instituto de Investigaciones Legislativas. De eso nos podemos ocupar después. Hoy sugiero que nos fijemos en lo que un Congreso produce, como son las reformas de las que tanto se habla y discute. 

En México nos hemos acostumbrado a discutir las reformas públicas como si fueran partidos de futbol: se les apoya o se les rechaza según la camiseta, la barra o el comentarista favorito. La reforma electoral, la reforma judicial o cualquier modificación mayor al entramado institucional suelen presentarse como batallas entre buenos y malos, Ustedes y Nosotros. De un lado, quienes dicen venir a rescatar al pueblo; del otro, quienes anuncian la demolición de la República. En medio, la ciudadanía mira este ajeno espectáculo con una mezcla de esperanza, cansancio y resignación.

A la hora de evaluar lo que hace un Congreso, tendríamos que colocar a las reformas como el objeto de estudio, como el bicho a diseccionar. Las reformas no deberían evaluarse solo por sus intenciones declaradas, por la retórica de sus promotores o por el espanto que provocan en sus adversarios. Deberían evaluarse por sus consecuencias previsibles y, después, por sus resultados verificables.

Un estudio reciente sobre reforma electoral en Canadá ("What do voters want out of elections?" De Semra Sevi, André Blais y Can Mekik) ofrece una pista útil. Sus autores encontraron que las personas no necesariamente tienen preferencias firmes sobre modelos institucionales abstractos —por ejemplo, si prefieren un sistema proporcional o mayoritario—, pero sí valoran con mayor claridad ciertos resultados democráticos: alta participación electoral, representación más equitativa de mujeres y minorías, sencillez en la forma de votar y un sistema de partidos que permita pluralidad sin caer en una fragmentación ingobernable. Dicho de otra manera: a la ciudadanía le importa menos el nombre técnico de la maquinaria y más si la máquina sirve, no se incendia y no termina moliendo al usuario.

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Este estudio puede ser muy útil para México. Desde 2024, el país entró en una nueva etapa de reformas de gran calado, particularmente con la reforma al Poder Judicial y con la discusión recurrente sobre nuevas reformas electorales. El problema es que buena parte del debate público mexicano se ha concentrado en etiquetas. Se habla de "democratizar" la justicia, "acabar con privilegios", "rescatar la soberanía popular", "defender la independencia judicial" o "proteger la democracia". Todas esas expresiones pueden contener algo de verdad, pero en realidad son envolturas retóricas..

Por eso conviene pensarnos no solo como votantes, sino como evaluadores del sistema reformador. Un sistema reformador es algo más que la suma de cambios constitucionales o legales. Es una forma de procesar problemas públicos mediante ajustes institucionales. Puede ser serio, gradual, técnico y deiberativo. O puede ser compulsivo, vengativo, improvisado y adicto al aplauso inmediato. La diferencia está en si las reformas corrigen problemas reales o si simplemente sustituyen una disfunción por otra.

A un año de la primera elección del poder juidical en nuestro país y ahora que se ha publicado el decreto que reforma -corrige- algunos de los cambios -errores- al sistema judicial que se hicieron en 2024, no dejo de pensar en la oportunidad que podemos estar perdiendo por estar pensando en calificaciones legislativas o en estampitas del mundial. La pregunta no debería ser únicamente si elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular es "democrático" o "antidemocrático". La pregunta relevante es otra: ¿ese mecanismo producirá mejores decisiones judiciales, mayor independencia, acceso más efectivo a la justicia, menor corrupción, mayor confianza ciudadana y perfiles técnicamente competentes? Si la respuesta es sí, habrá que demostrarlo. Si la respuesta es no, habrá que decirlo sin miedo, aunque nos acusen de nostálgicos del expediente empolvado. La justicia no mejora solo porque se le ponga urna; del mismo modo que un hospital no se vuelve eficiente porque el director gane una encuesta en la sala de espera.

Algo parecido ocurre con la reforma electoral. México tiene problemas reales: costos elevados, desconfianza, sobrerregulación, fatiga ciudadana, burocracias pesadas, litigiosidad excesiva y partidos que con frecuencia parecen más interesados en administrar millonarias prerrogativas que en representar a la sociedad. Pero reconocer esos problemas no significa aceptar cualquier remedio. También hay tratamientos que matan al paciente y luego presumen que al menos ya no se queja.

Si nos ponemos serios, lo que tendríamos que estar debatiendo es el resultado percibido de las reformas. Y los cambios sustantivos en función del problemas que se pretendía resolver. Y ésa sí es una evaluación importante.

La caminera

"México no es piñata de nadie" sentenció la Presidenta en un discurso en donde rechaza el intervencionismo del extraño enemigo en las soberanas decisiones del país. Esta estrategia de construir un enemigo imaginario para buscar legitimarse es ya un tema viejo, pero muy riesgoso cuando estamos a pocos días de iniciar un diálogo con ese "masiosare" para negociar nuestros tratados de libre comercio.