Panoptismo Criminal

En Vigilar y castigar (1975), Michel Foucault desarrolla el concepto de panoptismo a partir del diseño del Panóptico ideado por Jeremy Bentham: una estructura carcelaria en la que un solo vigilante puede observar, sin ser visto, a todos los internos. Foucault utiliza este modelo arquitectónico como metáfora del poder disciplinario moderno, donde la vigilancia constante —o la posibilidad de ser vigilado en cualquier momento— induce a los individuos a autocontrolarse.

El panoptismo no se limita a las cárceles, sino que se extiende a escuelas, fábricas, hospitales y, hoy, a los espacios públicos a través de cámaras y tecnologías de monitoreo. En este régimen, el control se vuelve más eficaz no por la fuerza, sino por la internalización de la vigilancia. Así, el poder se vuelve difuso, omnipresente y automático.

Para Foucault, esta lógica disciplinaria marca el paso de una sociedad del castigo a una sociedad del control, donde la vigilancia se normaliza y los individuos se convierten en sujetos observables y corregibles. La paradoja contemporánea radica en que este modelo, concebido como forma de garantizar el orden y la seguridad, puede ser apropiado por actores ilegítimos —como el crimen organizado—, invirtiendo sus funciones originales.

Recientemente, en el municipio de Soledad, San Luis Potosí, agentes de la Guardia Civil Municipal desmantelaron cinco cámaras colocadas estratégicamente en postes de internet y alumbrado público. No eran parte de ningún programa oficial, sino artefactos usados por presuntos grupos delictivos para monitorear el paso de las autoridades. Desde las colonias Praderas del Maurel y Azaleas, estos dispositivos espiaban a quienes deberían garantizar el orden, invirtiendo el sentido tradicional del poder: ya no es el Estado el que vigila al ciudadano, sino el crimen el que vigila al Estado.

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Lo que alguna vez fue concebido como una herramienta de prevención y seguridad ciudadana, hoy muestra su rostro más perverso: la videovigilancia, cuando escapa del marco legal y democrático, se convierte en una herramienta de control ilegítimo, incluso en manos del crimen organizado.

Esta situación, lejos de ser anecdótica, revela una crisis estructural en el control de los sistemas de videovigilancia. Como ha señalado el INAI, incluso los dispositivos privados deben cumplir requisitos básicos de transparencia, especialmente si se instalan en espacios de acceso público. Pero cuando la vigilancia se ejerce sin rostro, sin aviso y con fines abiertamente delictivos, la amenaza ya no es sólo a la privacidad, sino a la soberanía misma del orden público.

Lo advertía el ministro presidente de la Suprema Corte: la seguridad no puede justificarse a costa del debido proceso ni de los derechos humanos. Y sin embargo, la opacidad con la que se despliegan muchos sistemas de vigilancia –públicos o clandestinos– es terreno fértil para abusos. A esto se suma la falta de censos confiables, criterios de evaluación y supervisión ciudadana. Mientras tanto, las cámaras “ilegítimas” continúan operando al margen de la ley.

La videovigilancia ha dejado de ser sólo un tema de eficacia policial; se ha convertido en un nuevo campo de disputa territorial. Cuando las bandas criminales instalan sus propios circuitos cerrados, lo que controlan no es sólo el espacio físico, sino la narrativa del miedo, del silencio, de la impunidad.

Frente a esta realidad, urge que la vigilancia sea regulada, auditada y, sobre todo, que no quede al servicio del mejor postor o del poder fáctico de turno. Porque cuando el ojo que todo lo ve no responde a la legalidad, lo que se debilita es el Estado mismo.

De momento se agotan las líneas de este mi espacio editorial, las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com