PARADOJA

A raíz del sañudo estreno de la Ley Serrano, la discusión pública al respecto cayó en la trampa de detenernos a ver los árboles y dejar de ver el bosque. Simultáneamente, la paradoja irrumpió de manera estruendosa en el escenario: dice el gallardismo que en el futuro los usuarios de la Inteligencia Artificial con propósitos de comunicación deben transparentar quiénes son los responsables, cuál es su domicilio físico o electrónico y demás datos de identificación. Esta exigencia la plantea -de ahí la paradoja- la administración estatal más opaca, falsaria, sospechosa de corrupción y dispuesta a llegar a su fin sin haber rendido cuentas cabales.

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Levantadas algunas voces de protesta por la captura de dos mujeres por supuestos delitos relacionados con el uso indebido de la Inteligencia Artificial, la primera reacción del gallardismo fue descalificarlas como personas y negar de muchas formas que fueran periodistas, comunicadoras, youtuberas o cosa parecida.

Rápidamente se difundieron versiones en el sentido de que no eran gente honorable, que habían defraudado o extorsionado a varias víctimas. Al momento de confirmar su aprehensión, la Fiscal General del Estado dijo que estaban en la cárcel por delitos relacionados con el manejo de Inteligencia Artificial. Conocida la narrativa oficialista, parece ineludible la pregunta de por qué no se les detuvo por delitos tales como el fraude, el robo o el abuso de confianza. 

Mi teoría al respecto es que acusándolas de delitos patrimoniales no se hubieran cumplido los efectos intimidatorios y disuasorios que sí van implícitos en el encarcelamiento por criticar a funcionarios públicos -en forma abusiva, si se quiere- principalmente estatales.

A poco andar, se conoció la captura de Christian Herrera Rubio, titular de un portal huasteco. A él sí reconocido como comunicador, se le libró orden de aprehensión por delitos peculiares: "Usurpación de Funciones Públicas o de Profesión y Uso Indebido de Condecoraciones o Uniformes". Ante algunos reclamos por su detención, voceros del oficialismo difundieron que había sido capturado robando en una farmacia. ¿Por qué no se le acusó de robo? ¿Por qué no hay una sola evidencia gráfica o de cualquier otro tipo para respaldar la versión de que andaba robando? 

El corazón de la defensa del propósito represor del gallardismo fue: las mujeres no son periodistas, pero las detenemos como si lo fueran porque ellas así se autoidentifican, y al joven huasteco lo reconocemos como periodista, pero no lo capturamos por eso sino por haber robado una farmacia (al menos eso dicen sus voceros). Christian también sigue detenido, pero por vestir un pantalón de camuflaje propio de las fuerzas armadas.

Luego, al comenzar a difundirse un documento de diciembre anterior -un mes después de haberse aprobado y promulgado la Ley Serrano- que enlista una decena de personas, entre ellas las dos señoras detenidas, algunos comunicadores reconocidos, activistas de diverso corte, un encuestador doméstico y algunos nombres más que no he podido identificar, la defensa oficialista fue que se trataba de un documento apócrifo, y para respaldar esa teoría se difundió otro, alterado, para cambiar los nombres originales por otros de artistas como Luis Miguel o Vicente Fernández.

Esta es otra ruta de escape que se derrumbó: casi simultáneamente con esa historia de la falsificación documental aparecen citatorios contra Juan Pablo Moreno Rodríguez y su hijo Juan Pablo Moreno Guzmán, ambos del mismo medio de su propiedad. ¿Alguien en su sano juicio puede dudar de que los Juan Pablos sean periodistas? El padre, formó parte de la redacción fundadora de Pulso hace casi 40 años. ¿Alguien puede también negar la calidad de comunicadora de Anahí Torres?

Los citatorios girados por el Ministerio Público a los Juan Pablos son para el día 10 de este mes; especifican que se les cita en calidad de investigados pero no se indica respecto de que hechos delictivos o actos sospechosos de ilicitud. Lo que importa para el propósito de este texto, es que el intento de neutralizar la lista con una decena de investigados fue abortado por el mismo oficialismo. Lo primero se intentó desde el ámbito del Ejecutivo y lo segundo vino del lado de la Fiscalía. Interesante.

EL BOSQUE Y LA PARADOJA

Hablamos al principio del lugar común de ver los árboles y perder de vista el bosque. Aludí con ello a lo que me parece un intento de ponernos enfrente los árboles de si los involucrados son o no comunicadores, si tenían cuentas pendientes con la justicia por otras razones, o si se estaban falsificando documentos para inculpar al gobierno gallardista, apartando nuestra mirada del bosque enorme que nos habla de un afán represivo, intimidatorio, de amedrentamiento, para pavimentar hasta donde sea posible el tramo final de esta administración.

Me explayo un poco sobre la idea de que en esta cadena de sucesos aparece una paradoja ineludible e inconfundible. En el posicionamiento oficial más reciente, vía el legislador que da nombre a la controvertida ley, se nos dice que con un futuro perfeccionamiento de la norma los usuarios para fines periodísticos o de comunicación en general de la Inteligencia Artificial, deberán ser muy transparentes en cuanto a su identidad personal y empresarial, en su ubicación física o electrónica, según sea el caso, y en otros elementos similares.

Eso, insisto, pretende imponerlo el grupo en el poder más opaco, falsario, sospechoso, prepotente y ahora también represor de que se tenga memoria. Un breve recorrido por esta manera de verse al espejo y no reconocerse: A cuánto asciende verdaderamente la deuda pública; cuanto costó realmente la Arena y cuánto cuesta su operación y mantenimiento; en dónde están los estados financieros de la Feria, por qué el volumen de obras entregadas a dedo en vez de licitarse es el más alto de nuestra historia. También, cuántos aviones de alta gama renta el gobierno gallardista y en cuánto nos sale a los potosinos; por qué frecuentemente se manifiestan jubilados y personal en activo a reclamar pagos incompletos. Cuál es la lógica detrás de nombramientos como el de Mario García (exrector y exdirector del Conalep) en la Sedeco y no en la SEGE, a donde mandaron a una exdirectora del Registro Civil.

Y ya no preguntemos por qué los cargos importantes en la Secretaría de Finanzas del Estado están en manos de militantes del PVEM traídos de fuera, principalmente del Estado de México, o por qué la mayoría de las obras públicas las ejecutan constructores foráneos. A manera de broche de oro: es hora que no sabemos con un grado razonable de certidumbre quién hizo la denuncia oficial para encarcelar y amedrentar urgentemente a comunicadores incómodos. Hay que tener presente que la reforma legal que le dio vida es de fines de noviembre del año pasado, y para mediados de diciembre ya se habían girado instrucciones a la policía ministerial para que investigara a la decena de blancos.

Dos caras más de todo este asunto merecen ser abordadas. La primera es una reiteración: los delitos contra el honor de las personas (calumnias, difamación, injurias, etc.) fueron despenalizados hace 19 años, pero no quedaron impunes. Como lo dijimos en nuestra columna anterior, quienes cometan ese tipo de infracciones legales, pueden ser denunciados por la vía civil, y, llegado el caso, ser sancionados con penas de distinto calibre, incluidas las económicas por montos muy altos. (Habrá quien diga que es preferible una multa que la cárcel. Depende. Conozco a muchos que preferirían un año de cárcel que una multa de cien mil pesos, por tacaños principalmente. Otros hay para quienes pagar una sanción económica alta puede significarles el aniquilamiento del patrimonio familiar).

Es decir, las presumibles conductas delictuosas de los perseguidos del gallardismo no estaban exentas de castigo, pero Ricardo Gallardo y sus consejeros áulicos decidieron por sí y ante sí que lo único que de verdad podría atemorizar y acallar a sus críticos sería la cárcel y sus largas noches de angustia. Conocen la manta. Esto, por decirlo rápido, es una regresión en nuestro estado de derecho, que deteriora nuestra civilidad general; o sea, las normas que hacen posible nuestra convivencia comunitaria. El gallardismo las ha envenenado.

El otro aspecto de toda esta cuestión al que quiero referirme es más concreto: A mí sí me gusta decir, se los dije. El tiro les salió por la culata.

Por principio de cuentas, a como empiezo a ver las cosas, no podemos tener la certeza de que -salvo una que otra excepción- los críticos más puntuales del gallardismo vayan a dejar de serlo con todo y los encarcelamientos ya hechos y los que parecen estar en camino. 

Pero además, y de esto ya es posible hacer un primer corte de caja, las magras ventajas que el gobierno estatal pueda obtener con su embestida represora e intimidatoria, le están saliendo espantosamente caras por las críticas, denuncias, señalamientos, cuestionamientos y descalificaciones que lleva dos semanas recibiendo lo mismo a nivel local que nacional e internacional.

Dicho coloquialmente, les ha salido más caro el caldo que las albóndigas. Eso no les pasa a las buenas cocineras. Salvo que anden desquiciadas por la ira.

COMPRIMIDOS

A un año y dos días de que se celebren las elecciones, siguen en el aire variables que impiden cualquier previsión sensata. Por ejemplo: ¿van o no van juntos, en alianza, Morena y Verde? Si Gallardo insiste en la vía del nepotismo, claro que no, pero comienza a haber indicios de que se podría cambiar de ruta. Aquí sigue otra pregunta obligada: ¿Si van aliados, quién pone el candidato o la candidata? Una más: ¿PAN, PRI y MC se alían, los tres o por lo menos dos? El tema da para varias columnas más.

La reforma constitucional para decretar el injerencismo extranjero abre la puerta a muchos riesgos. Como está, sin ley reglamentaria, qué pasa si el año próximo Trump, senadores, magnates, artistas, periodistas o académicos norteamericanos apoyan con declaraciones, donativos y publicaciones a todos los candidatos de Morena, a gobernadores, diputados federales y demás. Anulada, habría que repetir la elección. ¿Cuántas veces?

A Chavita, primer secretario de finanzas y tercer titular de Sedeco, no parece que vayan a darle otro cargo. Lo traen ocupadísimo tratando de poner orden en las finanzas estatales, sobre todo en lo que tiene que ver con decisiones precisas del titular del Ejecutivo. Urge comenzar a barrer las escaleras. Aunque sea de abajo para arriba y no al revés.

Hasta el próximo jueves.