Quiere Gámez Macías juicio político contra Galindo
Dijo que solicitará una auditoría a la nómina y las contrataciones del Ayuntamiento

Luis Fernando Gámez Macías/Foto: Citlally Montaño-Pulso
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Una auditoría especial a la nómina y las contrataciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí, denuncias electorales y un eventual juicio político contra Enrique Galindo Ceballos son las acciones que anunciaron en el Congreso local ante los presuntos pagos de honorarios a Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal del PAN, para quien se habrían destinado recursos municipales.
El anuncio fue realizado por Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Directiva del Congreso y diputado del PVEM, quien sostuvo que solicitará la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para revisar las contrataciones, comprobar que los servicios se hayan prestado y determinar si los pagos cuentan con justificación.
Advirtió que, si se acreditan irregularidades, promoverá un procedimiento de juicio político contra las autoridades municipales responsables.
El legislador también anunció denuncias ante el CEEPAC, el INE y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales por el posible uso de recursos públicos en beneficio de un dirigente partidista.
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Afirmó que cuenta con documentación sobre el presunto uso de directores de área, asesores y otros servidores públicos municipales en campañas de propaganda y desprestigio contra opositores, aunque no presentó esos documentos durante la declaración transcrita.
Al ser cuestionado sobre la cuenta pública municipal de 2025, Gámez Macías confirmó que existen observaciones pendientes de solventar relacionadas con nóminas, obras que no cumplirían con su clasificación o espesor y servicios públicos erogados sin justificación.
No precisó si esas observaciones corresponden a los pagos señalados al dirigente panista ni si existe una resolución que determine responsabilidades.
Gámez Macías sostuvo que los hechos podrían contravenir el artículo 134 de la Constitución federal, que obliga a ejercer los recursos públicos con imparcialidad, además de disposiciones estatales en materia electoral, penal y administrativa.
Señaló que las investigaciones deberán determinar si hubo desvío de recursos y si corresponden sanciones, inhabilitaciones o la destitución por juicio político. En la misma conferencia, afirmó que también buscará acciones contra el dirigente panista si se acredita que recibió beneficios indebidos.
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