Gallardo pide a taxistas diálogo para atender inconformidades
El objetivo será construir acuerdos que permitan regularizar su situación y continuar operando conforme a la normatividad vigente
Ricardo Gallardo / Foto: Pulso
Luego del bloqueo protagonizado por taxistas en la zona poniente de la capital potosina, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que su administración apostará por el diálogo para atender las inconformidades del gremio, aunque dejó claro que deberán transitar dentro de la legalidad.
Desde temprana hora, operadores del transporte público se concentraron en la glorieta de la salida a Guadalajara para exigir la destitución de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, al manifestar desacuerdo con los procesos de revisión aplicados recientemente.
Ante este escenario, el mandatario estatal indicó que ya se contempla la instalación de mesas de trabajo con los inconformes, las cuales, serán encabezadas por la Secretaría General de Gobierno (SGG) en coordinación con la dependencia estatal responsable del transporte.
Gallardo Cardona subrayó que el objetivo de estas reuniones será construir acuerdos que permitan a los taxistas regularizar su situación y continuar operando conforme a la normatividad vigente, evitando así conflictos mayores en el servicio.
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Sin embargo, advirtió que, en caso de no alcanzarse consensos, el Gobierno del Estado no descartará la aplicación de otras medidas, al insistir en que el respeto a la ley será la base para resolver el conflicto con el sector.
Taxistas exigen salida de Martínez Acosta; denuncian corrupción
La protesta de este martes se concentró en el asta bandera de Salvador Nava
Cabe mencionar que la inconformidad del gremio taxista volvió a las calles este martes, ahora con un reclamo frontal: la salida de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.
Integrantes de la organización Taxistas Moviendo a San Luis, que dicen representar a más de 13 mil operadores, señalaron una cadena de omisiones, presuntos cobros indebidos y una política permisiva frente a plataformas digitales que, aseguran, operan fuera de regla.
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