CNDH vuelve a requerir información a Congreso por caso "Marichuy"
Las y los diputados potosinos rechazaron medidas para reparar daños a María de Jesús Almendárez Prieto
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) volvió a requerir al Congreso de San Luis Potosí información sobre las actuaciones realizadas en el caso de María de Jesús Almendárez Prieto, "Marichuy", después de que el Legislativo rechazó una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) relacionada con presuntas violaciones a sus derechos humanos.
El caso surgió por hechos atribuidos al entonces diputado del PVEM, Eloy Franklin Sarabia, que fueron analizados por la CEDH en la Recomendación 04/2024. El organismo estatal acreditó violaciones relacionadas con la seguridad jurídica y el principio de legalidad, y planteó al Congreso medidas de reparación para Almendárez Prieto, además de acciones para evitar que hechos similares se repitan.
Entre las medidas solicitadas estaban la reparación integral del daño, la creación de un protocolo para atender a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, capacitación para las y los diputados y la investigación de posibles responsabilidades administrativas. El Congreso rechazó la recomendación y remitió el asunto a las comisiones de Derechos Humanos, Gobernación y Primera de Justicia.
El nuevo requerimiento fue enviado por la Primera Visitaduría General de la CNDH y fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Marco Gama Basarte; a la Comisión de Gobernación, encabezada por Héctor Serrano Cortés; y al Instituto de Investigación y Evaluación Legislativas, con copia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
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La documentación incorporada al Congreso no precisa qué respondió el Legislativo a la primera solicitud de la CNDH, cuándo fue presentada ni por qué el organismo nacional tuvo que reiterarla.
Almendárez Prieto ha cuestionado tanto el procedimiento utilizado para rechazar la recomendación como que fuera notificada hasta enero sobre actuaciones legislativas realizadas desde octubre de 2025.
Ahora, el Congreso deberá entregar nuevamente la información requerida.
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