TEE da 6 meses a Congreso para reconocer derechos indígenas
Deberá informar sobre avances y entregar documentación al concluir el nuevo plazo
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El Congreso del Estado tendrá otros seis meses para cumplir con una sentencia que le exige adecuar las leyes estatales a los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE) le concedió una ampliación de 180 días, pero advirtió que podrá aplicar medidas de apremio si detecta inactividad o retrasos injustificados.
El plazo anterior, de 90 días, terminó el 23 de junio sin que estuviera concluida la armonización. Aunque el Congreso reportó acciones como la aprobación del Decreto 0518, con el que modificó el artículo 9 de la Constitución estatal, el Tribunal determinó que esa reforma no resolvía por sí sola lo ordenado, pues todavía deben adecuarse otras disposiciones del marco jurídico local.
El pendiente deriva de una resolución del propio TEE emitida el 24 de marzo, en la que determinó que existía una omisión legislativa frente a la reforma federal al artículo 2 constitucional de septiembre de 2024.
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Entre otros puntos, las adecuaciones deben contemplar el reconocimiento de las autoridades y sistemas normativos de las comunidades, así como el ejercicio de sus derechos colectivos y las formas en que pueden elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres.
La ampliación fue solicitada por el Congreso desde el 19 de junio, bajo el argumento de la complejidad de las reformas pendientes y de las distintas etapas que requiere el procedimiento legislativo.
El acuerdo aprobado este jueves 8 de octubre establece que los 180 días comenzarán a correr una vez que el Poder Legislativo sea notificado formalmente y, al concluir ese periodo, tendrá tres días para informar al Tribunal sobre las acciones realizadas y entregar la documentación que acredite el cumplimiento.
El pendiente forma parte de una serie de asuntos relacionados con los derechos políticos de comunidades indígenas que permanecen en el ámbito del Congreso. Uno de ellos corresponde a la solicitud de consulta de habitantes de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio para analizar un eventual cambio en la elección de sus autoridades municipales mediante usos y costumbres.
A esto, se suman consultas ordenadas por la SCJN relacionadas con disposiciones electorales que involucran a pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad.
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