Crearían comisión especial para el caso UASLP-VEMSA

El conflicto legal entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. provocó críticas por parte de legisladores locales, quienes cuestionaron la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de la institución.

Luis Fernando Gámez Macías, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, calificó como preocupante "la persistente opacidad en la actual gestión universitaria". Afirmó que la rectoría utiliza la autonomía como escudo para evitar la rendición de cuentas y advirtió sobre señalamientos de ineficiencias administrativas, además del litigio con la empresa proveedora.

"La rectoría indebidamente se escuda en la autonomía universitaria para evitar la obligación de rendir cuentas. Pienso que los diputados tenemos el deber, como representantes de la ciudadanía, de garantizar que cada peso invertido en la educación superior se traduzca en beneficios tangibles para los estudiantes y para el desarrollo del Estado, y no para el beneficio de un grupo pequeño que se ha adueñado de la rectoría y que evidentemente ha realizado usos indebidos y facciosos de la institución", declaró.

Gámez Macías adelantó que la Comisión de Vigilancia valorará la creación de una comisión especial para revisar el caso y exhortó al resto de las y los legisladores a pronunciarse sobre el tema.

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Por su parte, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, sostuvo que el patrimonio universitario pertenece a la ciudadanía y no debe estar sujeto a especulación. Mencionó que la universidad debe centrarse en generar conocimiento y no en "pensar cómo hacer negocios" con recursos públicos.

El legislador consideró que, en caso de haberse cometido errores o manejos indebidos, estos deben corregirse y sancionarse. Reconoció que el rector, Alejandro Zermeño Guerra, ha comenzado a actuar, pero exigió resultados concretos y castigos para los responsables.

"La empresa debe darle a la universidad lo que se comprometió; se tiene que cumplir. No puede caber un mal uso de los recursos públicos. Este caso debe marcar un antes y un después, y servir para transformar y democratizar a la universidad",dijo.

Finalmente, Arreola señaló que el Congreso del Estado está revisando iniciativas relacionadas con la autonomía financiera de las universidades, pero insistió en que esta debe ir acompañada de mecanismos de rendición de cuentas. "Tiene todo el respaldo del Congreso del Estado para llevar a cabo las transformaciones que haya que hacer", concluyó.