Congreso protege la "Ley Serrano"

El retraso del trámite de la iniciativa de reforma para derogar la Ley Serrano, atribuido a una maniobra del área de Servicios Parlamentarios del Congreso local fue criticada por Artículo 19 y Ciudadanos Observando pues fue vista como un intento de evitar la anulación de la criminalización de la libertad de expresión.

Leopoldo Maldonado, coordinador regional de Artículo 19, organización que presentó al Congreso la reforma para derogar la Ley Serrano, lamentó la maniobra de los Servicios Parlamentarios del Congreso potosino, y señaló que la medida confirma que la legislatura nunca tuvo la intención de abrirse a la sociedad para discutir el asunto.

También se prueba, señaló el entrevistado, que la reforma punitiva a usos de la IA, se realizó de manera improvisada.

Pero, sobre todo, externó, "queda demostrado que las autoridades potosinas querían castigar a las voces críticas". Agregó que la aplicación de la Ley Serrano le sirve a las autoridades como ejemplo inhibidor para otras voces críticas.

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Por esa razón, vio en el atraso una medida de protección de la reforma presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés.

Lamentó además que el Congreso pretenda con esta maniobra evadir la discusión de un tema tan sensible, sobre todo porque aún se mantiene un comunicador en la cárcel.

Por su parte, la organización Ciudadanos Observando indicó que la Ley Serrano seguirá vigente mientras el Congreso mantenga sin resolver la iniciativa ciudadana que pretende sea derogada.

A menos de dos semanas de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, Ciudadanos Observando exigió a los diputados dictaminar la propuesta impulsada por Artículo 19, al considerar que varias de las disposiciones incorporadas a la reforma representan riesgos para la libertad de expresión y podrían utilizarse contra ciudadanos, comunicadores o personas críticas.

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Al respecto, la diputada Gabriela López Torres, de Morena, confirmó que a la iniciativa mencionada no se dio vista a las comisiones correspondientes.

La legisladora cuestionó que la determinación haya sido tomada desde la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso, al considerar que el procedimiento no concatena con el reglamento interno del Legislativo, pues el asunto debía turnarse a comisiones para su análisis y trámite legislativo

(Con información de Daniel Ortiz y Jaime Hernández)