IFSE y ASF negocian quién auditará los recursos de la capital
El instituto estatal plantea revisar 49 municipios y dejar diez a la autoridad federal; la distribución todavía no está definida
Foto cortesía Congreso del estado
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El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) negocian la distribución de las auditorías al gasto federalizado de los 59 municipios de San Luis Potosí, incluida la definición de qué organismo fiscalizará los recursos de la capital.
El titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, informó que la propuesta contempla que la ASF conserve la titularidad de las auditorías en diez municipios, mientras el organismo estatal revisaría los 49 restantes.
"Es algo en lo que nos estamos poniendo de acuerdo", declaró durante la presentación del Programa de Auditorías del Gasto Federalizado ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
La capital representa un punto particular dentro de las negociaciones. Según Lecourtois López, este municipio capta "casi el 60 por ciento de los recursos", por lo que también deberá acordarse qué institución se encargará de fiscalizarlos.
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El funcionario no precisó si ese porcentaje corresponde al total del gasto federalizado entregado a los municipios o a otro conjunto de recursos públicos.
Lecourtois López aseguró que el IFSE tiene capacidad técnica para realizar las revisiones y afirmó que su muestra auditable alcanza 95 por ciento, frente a aproximadamente 35 por ciento de la Federación. El comunicado no detalló la metodología utilizada para obtener esos porcentajes.
El programa deriva de un convenio de colaboración firmado entre el IFSE y la ASF. Además de los municipios, el acuerdo permitiría coordinar auditorías a dependencias estatales y organismos públicos autónomos que reciben recursos federales.
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El titular del instituto señaló que esa ampliación podría aplicarse "desde 2026" o "a partir del ejercicio 2026". Sin embargo, no aclaró si se refiere a la revisión posterior de la Cuenta Pública 2026 ni cuándo comenzarían esas auditorías.
Como parte del convenio, ambas instituciones revisarán los plazos y las disposiciones aplicables a los procesos de fiscalización. También buscarán homologar calendarios y evitar duplicidades en la solicitud de información, la ejecución de las auditorías y el seguimiento de sus resultados.
La distribución definitiva de los municipios y la institución que fiscalizará los recursos de la capital permanecen pendientes de acuerdo.
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