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Denuncia el PRI acarreo en evento de la "Gallardía"

Delegado del CEN menciona que empleados de gobierno fueron obligados a asistir

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.

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Denuncia el PRI acarreo en evento de la "Gallardía"
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      El delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en San Luis Potosí, Hugo Contreras Zepeda, acusó que el evento por los 20 años de la denominada "Gallardía" fue operado desde el Gobierno del Estado y que servidores públicos, estudiantes y ciudadanos fueron llevados a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina.

      Durante una rueda de prensa, el priista calificó el acto como "vergonzoso para la vida política de San Luis Potosí" y aseguró que entre los asistentes hubo trabajadores gubernamentales presionados.

      "Las personas que acudieron a las instalaciones de la Feria Nacional Potosina fueron desde servidores públicos, ciertamente presionados, hasta algunos alumnos de secundaria, bachillerato y otras personas ciudadanas que no sabían ni a qué iban", declaró.

      Contreras Zepeda señaló que estos hechos quedaron al descubierto a partir de publicaciones realizadas por distintos medios de comunicación.

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      El delegado del PRI también criticó que el evento fuera utilizado para celebrar, según sus palabras, "el aniversario de una familia que desde el poder quiere seguir controlando y heredando dicho poder".

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      Además, cuestionó que durante el acto se utilizaran las siglas y los colores de un partido político, pese a que, afirmó, sus dirigentes nacionales decidieron no estar presentes.

      "Nadie puede ser tan inocente o ignorar que dicho evento fue tan sólo una demostración anticipada de promoción política, mediante el cual impulsan unilateral y públicamente a una persona para ceder el poder", sostuvo.

      Ante ello, Contreras Zepeda hizo un llamado a los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que emprendan las acciones previstas en la legislación electoral.

      Pidió que partidos políticos, militantes, aspirantes y funcionarios públicos respeten el calendario electoral y sujeten su actuación a los límites establecidos por la ley, sin importar su nivel de poder o influencia política.