Especial | Santa Fe, el escándalo que abruma a la UASLP

Un contrato bajo la lupa

Ocho meses después de haber firmado un contrato de arrendamiento con la empresa Distribuidora VEM SA de CV, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta señalamientos por las condiciones del acuerdo. 

Ahora, y tras una serie de criticas, busca enmendar la situación tras la difusión pública del contrato, que reveló cláusulas desfavorables e irregularidades en la negociación.

El contrato, autorizado en noviembre de 2023 y firmado el 12 de abril de 2024, establecía la renta de un terreno de 46 mil metros cuadrados por 3.4 millones de pesos anuales durante 20 años. Se acordó que la empresa construiría un centro deportivo, el cual, al finalizar el plazo, pasaría a ser propiedad de la UASLP.

Extraño cambio en el proyecto inicial

Sin embargo, la empresa presentó un proyecto distinto al pactado: Distrito Santa Fe, un desarrollo comercial donde solo el 10% del terreno se destinaría a instalaciones deportivas, mientras que el resto albergaría más de 70 negocios, incluyendo tiendas ancla y una concesionaria de BMW.

Además, se descubrió que la renta establecida era considerablemente baja. 

Según cálculos inmobiliarios, la UASLP obtendría 65.5 millones de pesos por el contrato, cuando el valor real del arrendamiento, según estimaciones de especialistas, en la zona sería de hasta 681.7 millones de pesos, es decir, diez veces más.

Irregularidades en el acuerdo

El caso fue analizado en noviembre de 2024 por la Comisión de Hacienda de la UASLP, la cual encontró múltiples irregularidades. 

En la sesión del Consejo Directivo Universitario (CDU) del 13 de diciembre de 2024, se determinó que el contrato, negociado por el exabogado general Joel González de Anda, carecía de cláusulas de rescisión y contenía términos ambiguos. 

También se detectó que el plazo de 20 años violaba el Código Civil potosino, que solo permite arrendamientos de hasta 15 años.

Inacción de la Universidad

Ante este panorama, y como única acción, el CDU aprobó por unanimidad que la Oficina de la Abogacía General, encabezada por Urenda Navarro Sánchez, analice la viabilidad de anular el contrato. 

Aunque no se revelaron detalles sobre la estrategia legal a seguir, el rector Alejandro Zermeño Guerra y la abogada general solicitaron el respaldo del Consejo "a ciegas" para proceder con la revisión jurídica y determinar el camino a seguir.

El escándalo en torno al contrato ha encendido alarmas dentro de la universidad, pues pone en riesgo su estabilidad financiera y su imagen institucional. La resolución de este caso marcará un precedente en la gestión de los recursos y bienes de la UASLP.

Foto: Pulso