Iría a juicio político el regidor J. Zavala

Erika Tapia Gone, extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento capitalino, presentó formalmente una solicitud de juicio político en contra del regidor Jorge Zavala y de Jesús Becerra, a quienes señaló como responsables de acoso laboral y presuntos actos de corrupción durante su gestión.

En compañía de su hija y de su abogado, Guillermo Olvera Nieto, la exfuncionaria acudió al Congreso del Estado para denunciar públicamente que ambas personas ejercieron hostigamiento laboral desde hace varios años, primero en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y después en la administración municipal, donde Zavala ocupa una regiduría.

“Esto no es algo personal ni particular, se trata de hacer justicia. San Luis Potosí merece autoridades responsables, no omisas ante estas situaciones”, expresó Tapia Gone, al señalar que el alcalde capitalino ha mantenido silencio frente a los señalamientos.

De acuerdo con su testimonio, el acoso comenzó cuando se negó a participar en lo que describió como “malos usos” relacionados con el manejo de mercados municipales. A partir de esa negativa, aseguró, inició una campaña de hostigamiento que derivó en su salida de la Unidad de Gestión del Centro Histórico.

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La denunciante pidió que el regidor Jorge Zavala solicite licencia a su cargo mientras se desarrolla el proceso, pues calificó como “una burla” que permanezca en funciones. También cuestionó que el suplente de Zavala, Jesús Becerra, esté vinculado a presuntos casos de irregularidades en nómina.

Por su parte, el abogado Olvera Nieto explicó que el recurso promovido es un juicio político, cuyo objetivo es que el Congreso del Estado, a través de las comisiones de Justicia y Gobernación, determine la destitución e inhabilitación tanto del regidor como de su suplente.

“Los actos cometidos son graves y hay elementos suficientes en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que el Congreso actúe. Se busca que se haga justicia no sólo por Erika y su hija, sino también por otras personas que, por miedo, no han denunciado”, afirmó el litigante.

El caso ya fue turnado a instancias de fiscalización del gobierno del estado y a la Fiscalía General, con el compromiso de que el proceso se lleve de manera transparente y con apego a la legalidad.