No se frena proyecto de fiscalía para desapariciones forzadas: diputada

La diputada Gabriela López Torres aseguró que su rechazo a la iniciativa para crear una Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas no representó un freno al proyecto, sino una medida de "blindaje institucional" para evitar que se apruebe una dependencia sin recursos económicos para operar.

En entrevista, la legisladora sostuvo que su decisión responde a la ausencia de un impacto presupuestal en la propuesta legislativa, lo que —afirmó— representa un requisito fundamental para garantizar la funcionalidad real de cualquier institución pública.

"Yo respeto muchísimo la opinión de los colectivos, sobre todo de quienes atraviesan situaciones muy complejas en sus familias", expresó. "Pero lo que quise evitar desde la Comisión fue que el día de mañana nos reprochen que creamos una Fiscalía sin recursos, que solo exista de nombre".

De acuerdo con López Torres, la iniciativa presentada carecía de un sustento financiero y fue planteada ante los colectivos de manera "muy amable", sin dejar claro que sin un presupuesto etiquetado su aprobación sería inviable. "Las instituciones jamás van a funcionar con buenas voluntades. No se trata solo de querer, tiene que haber presupuesto", subrayó.

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Aunque reconoció que no ha tenido un acercamiento directo con el colectivo promovente, dijo estar buscando entablar diálogo a través de una persona cercana a este. La diputada consideró necesario mantener una relación de trabajo con los grupos de búsqueda, así como incorporar opiniones técnicas a las decisiones legislativas para evitar que se instrumentalicen las luchas sociales con fines políticos. "He conminado a este Congreso a no apropiarse de las causas de los colectivos para generar populismo electoral", dijo.

La legisladora señaló que la Comisión Primera de Justicia aún puede solicitar la integración del impacto presupuestal correspondiente, con la intención de que la Fiscalía entre en funciones con recursos asignados a partir del 1 de enero de 2026. La propuesta inicial establecía su entrada en vigor en septiembre de 2025. "Ni siquiera es tanto tiempo", puntualizó.