El IPAG sustituirá a la CEGAIP, según iniciativa
Se ampliarán los plazos para responder solicitudes de información y se redistribuyen recursos de revisión
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San Luis Potosí tendría un nuevo sistema de transparencia si el Congreso aprueba las leyes secundarias que sustituyen a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG), redistribuyen la resolución de los recursos de revisión y amplían los plazos para responder solicitudes de información pública.
El nuevo esquema concentra en el IPAG la atención de los recursos relacionados con dependencias del Poder Ejecutivo y los 59 ayuntamientos. En el caso del Congreso, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, las inconformidades por respuestas incompletas, negativas de información o declaraciones de inexistencia serían resueltas por sus respectivos órganos internos de control. El instituto estaría sectorizado a la Contraloría General del Estado y su titular sería designado por el Poder Ejecutivo.
Las iniciativas también modifican los tiempos para atender solicitudes de acceso a la información. El plazo ordinario pasaría de 10 a 15 días hábiles, con posibilidad de una prórroga de otros 10 días, por lo que una respuesta podría emitirse hasta en 25 días hábiles. Además, la información correspondiente a las obligaciones de transparencia, como remuneraciones, contratos, presupuesto, gasto público y estructura administrativa, se actualizaría de manera trimestral, salvo los casos previstos por la legislación general.
El modelo propuesto elimina el Pleno de comisionados y el Consejo Consultivo que actualmente forman parte de la CEGAIP. Tampoco contempla que el IPAG pueda promover acciones de inconstitucionalidad contra normas que vulneren el derecho de acceso a la información o la protección de datos personales.
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Sin embargo, mantiene la obligación de publicar información sobre salarios, contratos, auditorías, deuda pública, viáticos y proveedores, además de establecer que ninguna autoridad podrá justificar la inexistencia de documentos que legalmente estaba obligada a elaborar.
Las iniciativas, presentadas por el diputado del PVEM Luis Felipe Castro Barrón con acompañamiento técnico del Poder Ejecutivo, fueron turnadas a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública para su análisis.
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