Piden no criminalizar a los anexos

Tras sostener una reunión con la diputada Martha Patricia Aradillas y autoridades del sector salud, familiares y representantes de centros de rehabilitación en San Luis Potosí externaron su preocupación por la iniciativa que busca tipificar como delito la privación ilegal de la libertad en el internamiento involuntario de personas en clínicas de salud mental y adicciones.

Durante el encuentro, se explicó que esta propuesta responde a una reforma realizada en mayo de 2022 a la Ley General de Salud, la cual establece que los tratamientos deben realizarse con consentimiento informado de la persona usuaria. De acuerdo con la legisladora del PVEM, el Congreso local tiene la obligación de armonizar la legislación estatal con esa norma federal.

"La ley establece que debe existir consentimiento firmado por parte de quien recibirá el tratamiento. Si la persona no puede otorgarlo, entonces es necesario presentar una constancia médica de un profesional de la salud que justifique la necesidad del internamiento", se detalló. 

Sin embargo, familiares manifestaron su desacuerdo con el enfoque de la iniciativa, pues consideran que el verdadero problema es la falta de atención institucional a estos espacios. "En lugar de querer castigar a los que buscamos ayuda para nuestros hijos, mejor vayan a ver si los anexos tienen psicólogos, si tienen lo necesario para atender a los adictos. A mi hijo lo interné porque estaba mal con el cristal, ¿quién se lo vendió? No fui yo, fue el narco", reclamó una madre de familia.

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La misma mujer reprochó que mientras se gasta en espectáculos y conciertos, se descuida a los centros de rehabilitación. "Si te vas a traer a Marilyn Manson, mejor reparte ese dinero en los anexos", dijo.

Además, señaló que muchas familias terminan asumiendo los costos de los tratamientos, debido a la ausencia de programas de apoyo del gobierno estatal. "Esto también se está dando gracias a que el gobierno no pone mucha atención en la venta de drogas", declaró.

Las y los asistentes coincidieron en que no se oponen a que existan reglas y derechos para las personas en tratamiento, pero insistieron en que las autoridades deben asumir su responsabilidad.

"Pónganse a ver mejor en qué pueden ayudar los anexos. Hay jóvenes, adultos mayores, personas que de verdad quieren salir adelante. No todos los centros son malos. Vayan, conozcan, y vean lo que se vive ahí adentro", expresó otra madre, quien pidió a las autoridades sensibilidad y apoyo real, no criminalización.