Consejo Hídrico pide frenar privilegios en uso del agua

Ante el contexto de crisis hídrica que enfrenta San Luis Potosí, el Consejo Hídrico Estatal señaló que el debate sobre el agua debe ir más allá de la disponibilidad del recurso y centrarse también en la forma en que se distribuye, quién toma las decisiones sobre su uso y qué sectores quedan excluidos del acceso.

A través de un posicionamiento, el organismo destacó la importancia de incorporar el enfoque de "justicia hídrica" en la gobernanza del agua, al considerar que este recurso no debe entenderse como una mercancía, sino como un derecho humano y un bien común que debe garantizarse de manera equitativa, democrática y sostenible.

El Consejo advirtió que las desigualdades en el acceso al agua no son resultado de condiciones naturales, sino de decisiones políticas, económicas y territoriales que históricamente han favorecido a determinados sectores, como el industrial, inmobiliario o zonas urbanas consolidadas, mientras comunidades rurales, periurbanas y pueblos originarios enfrentan problemas de escasez, mala calidad o suministro intermitente.

De acuerdo con el organismo, esta situación ha derivado en conflictos y procesos de concentración del recurso en manos de actores con mayor capacidad económica y política, fenómeno identificado como acumulación y despojo hídrico.

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En este sentido, el Consejo Hídrico Estatal sostuvo que una transformación real de la gestión del agua requiere modificar las reglas bajo las cuales se toman decisiones sobre concesiones, distribución y proyectos hidráulicos, y no únicamente ampliar infraestructura o buscar nuevas fuentes de abastecimiento.

Entre los principales puntos que plantea una gobernanza del agua con enfoque de justicia hídrica, el organismo destacó la necesidad de garantizar una distribución equitativa del recurso, priorizando el consumo humano y la conservación de los ecosistemas; impulsar mecanismos de participación ciudadana efectiva; reconocer los sistemas comunitarios de gestión del agua y los saberes locales; así como fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las decisiones públicas relacionadas con el recurso.

Asimismo, subrayó que la protección de acuíferos, zonas de recarga y biodiversidad es indispensable para asegurar la disponibilidad futura del agua.

El Consejo Hídrico Estatal consideró que este enfoque forma parte de una visión más amplia de justicia ambiental, orientada a distribuir de manera equilibrada tanto los beneficios como las cargas derivadas del uso de los recursos naturales.

Finalmente, el organismo reiteró que promover la justicia hídrica implica replantear el modelo de desarrollo, la planeación urbana y la gestión institucional del agua, con el objetivo de construir un sistema más incluyente y sostenible donde el acceso al agua deje de ser un privilegio y se garantice como un derecho para toda la población.