Presumen 420 sanciones, pero no aclaran a quién ni por qué
Ciudadanos Observando exige a la Contraloría municipal detallar responsables y castigos;

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La organización Ciudadanos Observando cuestionó que la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí presuma 420 sanciones firmes contra servidores públicos municipales al cierre del primer semestre de 2026, al considerar que la cifra por sí sola no permite conocer el alcance real de las medidas aplicadas ni contra quiénes fueron determinadas.
De acuerdo con la información difundida por la organización, la Contraloría, encabezada por Gabriela López y López, reportó que las 420 sanciones corresponden a procedimientos administrativos iniciados tanto durante la actual administración como en expedientes heredados de gobiernos anteriores. Sin embargo, Ciudadanos Observando señaló que no se precisa cuántas de estas resoluciones corresponden al actual gobierno y cuántas a administraciones pasadas.
La organización también cuestionó la falta de detalles sobre el tipo de sanciones aplicadas, pues consideró que el número puede resultar poco significativo si una parte importante de las resoluciones terminó únicamente en amonestaciones o medidas disciplinarias menores. A su juicio, la Contraloría debería transparentar cuáles fueron los casos más relevantes y qué consecuencias tuvieron para los servidores públicos involucrados.
Ciudadanos Observando recordó además los señalamientos de familiares de las víctimas del antro Rich contra Gabriela López y López, a quien han acusado de proteger o encubrir a funcionarios municipales que presuntamente tuvieron responsabilidad en los hechos.
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La organización criticó que, después de varios meses, las sanciones anunciadas en ese caso hayan sido consideradas insuficientes.
Sanciona Contraloría municipal a 420 servidores públicos en 2026
La titular Gabriela López explicó el rezago disciplinario heredado y el proceso de sanciones aplicadas

El organismo ciudadano sostuvo que persisten pendientes en otros asuntos que considera relevantes, entre ellos denuncias por acoso sexual y laboral, el uso de empresas fantasma, presuntos contratos irregulares y la baja de 27 unidades oficiales que, de acuerdo con sus señalamientos, habría ocurrido de manera ilegal.
Por ello, insistió en que la Contraloría debe acompañar las cifras de sanciones con expedientes, responsables, conductas acreditadas y castigos impuestos para que pueda conocerse qué tan efectivas han sido realmente sus determinaciones.
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