Zelandia Bórquez impugnará resolución que le quita magistratura

Zelandia Bórquez Estrada, exconsejera electoral en San Luis Potosí, anunció que presentará una impugnación ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el tribunal local la declaró inelegible para ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. 

La resolución, emitida por unanimidad, se basa en que no ha transcurrido el periodo de dos años desde que dejó su encargo como consejera.

Bórquez sostuvo que el Tribunal Electoral del Estado no valoró correctamente los argumentos que presentó en su defensa y aseguró que su participación en el proceso no fue impulsada por partidos políticos, sino que se inscribió de forma individual en una convocatoria ciudadana. 

"No concuerdo con la resolución porque no se consideraron elementos fundamentales que presenté", afirmó.

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De acuerdo con la sentencia, Bórquez terminó su encargo en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) el 30 de septiembre de 2024 y fue postulada como magistrada el 17 de febrero de 2025, por lo que no cumple con el plazo constitucional que impide a exconsejeros postularse a cargos públicos o de elección popular dentro de los dos años posteriores a su salida. El Tribunal también ordenó al Ceepac reasignar la magistratura en un plazo de tres días.

Inicialmente se proponía que el Tribunal hiciera directamente la reasignación de constancias de mayoría, pero tras una modificación planteada por el magistrado Sergio Iván García Badillo, se determinó que el procedimiento quedara en manos del Ceepac. Luz Adriana Miranda Tello y Alba Laura Álvarez Lara, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar en la votación, serían las nuevas titulares designadas.

Aunque Bórquez reconoció que existe la restricción constitucional, consideró que no aplica en su caso por tratarse de un proceso distinto al de una elección popular.

Dijo confiar en que la Sala Regional pueda revisar el caso con una perspectiva que considere la participación ciudadana y los derechos políticos, al tratarse de una figura nueva en la legislación local.