Autoabasto, en la mira del gobierno

Ciudad de México.- El gobierno federal redoblará esfuerzos contra el huachicol, reforzando la vigilancia sobre las organizaciones que practican el autoabastecimiento de combustibles en el país, que suman más de 24 mil, de acuerdo con Alicia Zazueta Payán, presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

“Ahora uno de los sectores que más van a atacar va a ser el de autoabasto. Hay cerca de 24 mil permisionarios. Son los puntos donde van a atacar. Hay casi 400 regulados con permiso. Es uno de los puntos en donde más va a estar influyendo la autoridad”, dijo en entrevista durante la convención de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).

“La legislación secundaria de la ley del sector de hidrocarburos establece nuevas obligaciones del permisionario, pero en materia fiscal, con control volumétrico. Eso es algo que no existía en la ley anterior, porque en teoría esta es materia del SAT [Servicio de Administración Tributaria], pero ahora ya también lo absorbe la Secretaría de Energía [Sener] como autoridad fiscal”.

Se trata de un punto muy importante, “porque lo que nos está diciendo la Sener es que, en particular, estos controles volumétricos se convierten en algo medular para todas las estrategias federales del combate al producto ilegal”.

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En México quienes realizan el autoabastecimiento son empresas que usan los combustibles en grandes volúmenes para procesos de producción y transporte, y lo adquieren vía Petróleos Mexicanos (Pemex) u otras empresas privadas que tienen permisos para importar combustibles, y también mediante distribuidores autorizados.

Esta vigilancia volumétrica se enfoca en tanques que las empresas tienen para almacenamiento y despacho de combustibles, en su mayoría diésel, y buscan tener registro de cuánto hidrocarburo entra, sale y se consume, así como fechas e incluso el valor.

El problema es que el gobierno está intensificando las acciones sobre el autoabastecimiento por el delito creciente de combustibles ilegales, ya sea por tomas clandestinas, mezclas ilegales o la importación bajo otra fracción arancelaria para evadir impuestos, conocida como huachicol fiscal.

Las pérdidas de Pemex y para el erario a causa del huachicol crecieron 1.8% anual en 2024 y 342% respecto a 2019, de acuerdo con reportes de Pemex a autoridades de Estados Unidos, y en 2024 llegaron a 20 mil 529 millones de pesos.