* Costoso daño * Pega Arancel

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) reconoció que derribó 201 árboles para concretar la ampliación del bulevar Río Santiago y admitió de paso que cometió no sólo una violación paradigmática del derecho ambiental, sino que también incurrió en un daño económico calculado en casi 11 millones de pesos, acusó la organización Cambio de Ruta.

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La agrupación ecologista señala que desde finales de mayo, la dependencia estatal presentó al Juzgado Sexto de Distrito un informe justificativo del derribo de árboles aledaños a la obra y advirtió que fueron 201 los ejemplares afectados, como parte de sus alegatos dentro del juicio de amparo 614/2025 presentado por la organización Cambio de Ruta.

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La agrupación criticó en un escrito varias deficiencias de forma y fondo. El escrito, cuya copia tiene este medio también presenta un cálculo sobre el impacto de los perjuicios ambientales que generó la pérdida de ese padrón arbolario, tomado en cuenta en la cantidad de contaminantes que, de seguir existiendo, se hubieran procesado en una década. El monto fue de 10.9 millones de pesos.

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Por otra parte y en cuanto a las deficiencias de la justificación técnica que presentó la dependencia, basado en un informe de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Cambio de Ruta remarca que tras analizar técnica y jurídicamente el documento, detectó numerosas “violaciones sistemáticas al marco normativo ambiental cometidas por las autoridades responsables en el derribo ilegal de 201 árboles urbanos, sin cumplir con los requisitos técnicos y legales mínimos establecidos en la legislación aplicable”.

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Señala la agrupación que el caso, “trasciende la mera legalidad administrativa para ubicarse en el núcleo esencial de la protección constitucional del derecho humano al medio ambiente sano. La consumación del daño ambiental sin el cumplimiento de las garantías legales mínimas constituye una violación paradigmática del orden constitucional que exige la inmediata intervención de la justicia federal”.

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Y pues tarde o temprano iba a pasar. La imposición de aranceles al acero y aluminio por parte del gobierno de Estados Unidos ya genera efectos negativos en el sector industrial potosino, especialmente en las empresas exportadoras, señala Imelda Elizalde Martínez, presidenta del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí.

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Contra lo expresado hace unos días por la Secretaría de Desarrollo Económicos de Gobierno del Estado, la dirigente empresarial, advierte que las compañías locales mantienen en suspensión órdenes de envío, embarque y tránsito de mercancías debido a la incertidumbre sobre el costo final de los aranceles. 

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Explica la presidenta de Canacintra que México importa acero de Estados Unidos que no se produce en el país, lo que pone a las empresas en una situación crítica e indicó que el tipo de acero importado es indispensable para ciertas industrias nacionales y que limitar su ingreso afectaría la cadena productiva. “Nos estaríamos dando un balazo en el pie”, dijo.

¡Hasta mañana! 

Explicó que a nivel nacional, hay más de 450 empresas en el primer nivel de producción de acero vinculadas a la industria automotriz y metalmecánica, pero el número podría duplicarse al considerar a proveedores indirectos y empresas más pequeñas. 

Por ello, el impacto, también se reflejará en una reducción del consumo nacional y afectaciones al ecosistema económico local.

Elizalde Martínez mencionó que el gobierno federal debe enfocar su estrategia de negociación en otros sectores con los que México tenga mayor capacidad de incidencia, como el agroalimentario, y no responder directamente en el tema del acero. 

Destacó que productos estadounidenses como carne, maíz o whisky podrían ser clave para una respuesta comercial, aunque menciona que no se trata de una guerra de aranceles, sino de inteligencia comercial.

Y pues habrá que ver cómo nos va ya que los aranceles, sean al productor que sea, los termina pagando el consumidor final.