› Impuestos en disputa › Exclusión
El pleito entre la alcaldía capitalina y el gobierno estatal avanzó un grado más y ahora, involucra a la autonomía municipal y la captación de recursos.
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A la extensa lista de quejas, con o sin fundamento, que ha expresado el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, se suma la exigencia de que el ayuntamiento deje de cobrar el impuesto predial debido a que no da mantenimiento a la Zona Industrial.
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Si el gobierno estatal se encarga del remozamiento de las calles del área fabril, los jugosos ingresos, condicionó, deberían destinarse a su administración.
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Es innegable que, sobre todo tras la caída de la lluvia, las calles de la Zona Industrial sufren demasiado con la generación de numerosos baches, que tardan demasiado en ser reparados. Y eso es responsabilidad municipal.
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Sin embargo, intentar disponer de los recursos del predial es un sinsentido, pues en cuestión de ingresos, ese rubro está reservado al ayuntamiento. Suponer que el estado podría hacerse de esos recursos va en contra de la normatividad, incluso constitucional.
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Llama la atención que, desde ese nivel de la administración se sugiera que esto es posible, arriesgándose a incurrir en violaciones legales graves.
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En todo caso, lo que se necesita es que las autoridades no incumplan sus responsabilidades y si hay deficiencias en la Zona Industrial, sean reparadas.
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Los roces generados entre morenistas y verdes en la gira presidencial del fin de semana pasado llamaron la atención de la prensa nacional.
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Hubo medios que resaltaron que entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona es “institucional” y nada más. Se percibió cierta lejanía, atribuida a la polémica de la ley antinepotismo. Se mencionaba aquí la semana pasada: este tipo de detalles dan atisbos de lo que ocurre entre ambos mandatarios.
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El Consejo Estatal de Transporte, acusan colectivos estudiantiles, está dejando de lado la integración de ciudadanos.
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La reciente integración del consejo, señalan, privilegía a asociaciones o grupos, pero relega a ciudadanos en puestos que no tienen voto en sus decisiones.
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Justo cuando la falta de pluralidad en organismos colegiados se ha vuelto un tema que ha generado sanciones a autoridades que omiten incluir a estos sectores de la sociedad.
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El Poder Judicial del Estado sigue enfrascado en los reclamos de trabajadores jubilados, que reclaman pagos atrasados.
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Y no se ve cuándo pueda llegar a una solución.
