› Colapso en pensiones › Mano oficial en la elección
Desde hace algunos meses, por lo menos en cinco ocasiones, trabajadores jubilados del Poder Judicial del Estado han alzado el volumen de sus quejas, porque los encargados del erario público les ha dado trato diferenciado, a pesar de haber entregado su vida en diversas labores dentro de los juzgados y tribunales. Hace unos años, el sistema de Pensiones comenzó a colapsar, en parte por mala planeación, pero también por realizar acciones que pudieron haber ofrecido un mejor rendimiento. La situación empeoró de manera progresiva porque no han tomado decisiones a tiempo para apoyar algunas áreas del esquema de aseguramiento de los jubilados.
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Sin embargo, en el sistema de ahora, ni siquiera se ha tratado de resolver el problema, sino que ha empeorado con la modificación de las políticas de uso del dinero público, pero también porque quizás son expertos en leyes pero no en lo financiero. La suspensión del pago de unas prioridades por atender otras, ha puesto de manifiesto la mala planeación del uso de los recursos. Hay quienes se benefician pero otros quedan desprotegidos. Esa condición puede tener su origen en que necesitaban el dinero para otras acciones que tienen que ver con el pago de sueldos y prestaciones a trabajadores jubilados y en activo.
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Los tribunales comienzan a dar forma al que será el nuevo Poder Judicial Federal, pero es hora de que el Instituto Nacional Electoral no se ha pronunciado de manera institucional por las fallas e irregularidades encontradas en el proceso. Una de las más notorias es la que se refiere a la intervención de algunas áreas públicas directamente en la elección, con personal operativo que fue enviado a promover el voto y en particular, algunos aspectos de la elección de jueces, magistrados y ministros, que fueron prioridad para el Gobierno Federal.
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Ahora, un trabajador del Bienestar debe estar rezándole a todos los santos para que no lo despidan, por el solo hecho de no apoyar las acciones que él consideró ilegales. Por lo pronto ya fueron con el chisme a la Ciudad de México, de que según eso no apoyó causas particulares de la secretaría en cuestión. Puras mentiras y pretextos para alejar de su actividad a alguien que se dio cuenta de la ilegalidad.
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Muy escaso es el flujo de gente que lleva insumos para ayudar a los damnificados de Tamazunchale. Es cierto que nadie es tan pobre que no pueda dar algo, pero curiosamente, también es una regla general que algunos de quienes más posibilidades tienen, son precisamente los menos generosos. Vamos. Que fluya la ayuda para las familias que perdieron todo su patrimonio, y cuando menos esperan manos solidarias que les ayuden a aproximarse al estado en que se encontraban antes de las lluvias.
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En el Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hay un asunto que llama la atención. En la directiva de Gerardo Müller, reelecta en el proceso reciente, es la secretaria de Servicios de Salud de la Dirección de Desarrollo Humano, pero que a su vez está comisionada en el sindicato, y en sus horas laborales desempeña funciones en la clínica del ISSSTE de Carlos Díez Gutiérrez donde incluso tiene consultorio. Es frecuente que algunos comisionados al sindicato se meten a la grilla y no vuelven a desempeñar su función.
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La funcionaria que se llama Cecilia Rosso atendía asuntos de los trabajadores y ahora ya no contesta ni el WhatsApp, según queja de algunos trabajadores universitarios. Si fuera el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación otra cosa sería, porque el magisterio tiene representantes en el ISSSTE, pero ellos sí funcionan y si llegan a fallar a sus representados, “se les arma”. Es por eso que ponen en apuros al ISSSTE. ¿Y la funcionaria sindical universitaria cuándo se va a poner las pilas?
¡HASTA MAÑANA!
