Contradicción universitaria Falacia verde
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí de nueva cuenta se ve envuelta en la controversia por su intención de autoexcluirse de instituciones de control y fiscalización de sus actuaciones, escudándose de nueva cuenta en
la autonomía.
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Primero fue el Instituto de Fiscalización superior del Estado, con el que sostiene desde el año pasado un litigio por su negativa, inexplicable porque en el pasado reciente accedía sin problemas, a que su cuenta pública de 2022 sea auditada, situación que parece repetirse en la cuenta del año pasado. El pleito está en los tribunales y la UASLP lo está perdiendo.
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Y ahora, enfrenta al Sistema Estatal Anticorrupción, del que ha ignorado sus llamados a integrarse a sus plataformas públicas sobre declaraciones ciudadanas de ingresos, intereses y situación fiscal, además de la de funcionarios relacionados con las contrataciones que hacen las dependencias.
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Las instituciones a las que se está enfrentando son, en el papel, las encargadas de supervisar el buen ejercicio de recursos y de establecer los mecanismos para evitar la corrupción. Oponerse a colaborar con ellas no deja bien parada la imagen de la Universidad.
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El argumento de que el cambio de las tarjetas de circulación plásticas a papel haya sido propiciado por conciencia ambiental, como dice la Secretaría de Finanzas, se tambalea por el hecho de que la manera repentina con que se realizó.
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Que el cambio haya sido de un día para otro parece más provocado por el agotamiento de las tarjetas de PVC. Esta administración ha realizado dos licitaciones de este insumo: una en 2021, cuando adquirió 160 mil 891 tarjetas, y la otra al año siguiente, con una compra de 180 mil 393 ejemplares.
Sumadas ambas licitaciones, el gobierno estatal pagó 32.7 millones de pesos.
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La causa de que en los dos años subsiguientes no se realizaran las compras es un misterio.
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Por otro lado, ¿por qué le entrarían sentimientos ecologistas a un gobierno que no se tienta el corazón para inundar de plástico el estado para promocionar sus obras? Que el término lo usen para presumir esa virtud es mera formalidad.
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En una irregular acción, varios elementos de la Guardia Civil del Estado, quizá más de una decena, en varios vehículos, irrumpieron, sin orden de cateo, un domicilio en el centro de Villa de Reyes.
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El allanamiento ilegal generó descontento entre la población y los empresarios, manifestaron su inconformidad.
El asunto muestra que podrán rebautizar a las corporaciones, pero la prepotencia y la irregular en sus actuaciones no pueden erradicarse.
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Hablando de inseguridad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó ayer la última entrega de 2024 de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana y para la capital potosina no hay buenas noticias.
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La percepción de inseguridad entre la población de la capital se incrementó entre el tercero y cuarto periodos del año pasado, de 68.5% a 71.9 por ciento de la población del municipio que declaró sentirse inseguro en la localidad.
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El indicador es un revés al discurso oficial de la alcaldía que quiere presentar una ciudad amable.
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¡HASTA MAÑANA!
