La batalla que viene Más demanda de casas
Con la salvedad de que venga una línea de alzada para consolidar la alianza partidaria, es casi un hecho que el Partido Verde lanzará un candidato afín al gallardismo para la gubernatura de 2027, que no será Ruth González Silva, descartada desde ahora por la reforma constitucional que evitará la reelección de servidores públicos y el nepotismo. Precisamente el orgullo del nepotismo del actual gobernador, será una de las personas directamente afectadas por la prohibición de la elección de sucesores en el cargo. La senadora deberá aguantarse en el cargo que le fue conferido por la vía de la elección popular y plurinominal y esperar a que llegue otro estadista que permita la reelección y a los familiares en la batalla electoral. Otro afectado por el sistema será nada menos que el diputado federal del mismo nombre que el gobernador. Ahora, el gallardismo deberá reacomodarse y es probable que se piense en candidatos tales como Gilberto Hernández Villafuerte o J. Guadalupe Torres Sánchez para la elección intermedia. Lo interesante será conocer cómo llegará Morena para entonces, en el entendido de que ya tomó su propia velocidad.
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Aunque el gallardismo ha centrado sus esfuerzos en enemigos inventados a vencer dentro del Palacio Municipal, donde el inquilino de mayor rango es el alcalde que se mueve sin guaruras, solamente con un chofer que no se mete en problemas y se mueve con bajo perfil, lo cierto es que el segundo trienio del actual gobernador no tiene nada de fácil. Por ahora centra sus esfuerzos en ganar el control de las instancias judiciales a costa de lo que sea, en un proceso enlodado de todo, desde intercambio de regalos entre los tres poderes, sobre todo para allegados y parientes de algunos, hasta algunos que violan las convocatorias y aparecen compitiendo para cargos locales y federales. Con todo ese baño de suciedad, ingenuo sería creer que el futuro que espera a San Luis, es un Poder Judicial independiente y autónomo.
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Sin embargo, atacar al vecino de enfrente no es todo el problema para el gobierno verde. Se espera el escrutinio del partido político que ganó la Presidencia de la República, con el que los usuarios de la franquicia verde han librado batallas de obstrucciones, campañas y hasta amargas noches de sillazos. Los agravios intercambiados persisten en la memoria, y solo una intensiva negociación salvaría el requisito para conquistar con propios los cargos verdes para 2027. Es obvio que los del partido guinda no se dejarán de manera tan fácil, ahora que se encuentran en etapa de alimentación y crecimiento. La cosa no es sencilla para la batalla que viene.
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De ida y vuelta, el sistema penal acusatorio y la ejecución de penas y medidas de seguridad comienzan a arrojar pendientes en las ambigüedades de la ley. Salirse de los parámetros normales y sacar de los estándares la ruta para compurgar penas, ya se presenta como un fuerte dolor de cabeza para la planeación de los sistemas de reclusión. El avance de las leyes en materia de protección de los derechos de las mujeres, desde hace años exigía un sistema penitenciario en el que pudiera garantizarse la estancia de las imputadas o en su caso sentenciadas, en el penal más cercano al sitio donde habitan sus familias. Lo cierto es que para los gobiernos actuales, resolver ese pendiente penitenciario ni siquiera está en los planes financieros, y es por ello que se avecina una tormenta jurídica por el desarraigo de las mujeres de la región a la que pertenecen.
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El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, visitó de manera sorpresiva a las oficinas locales de la institución. En su inventario de números rojos, está claro que San Luis Potosí tiene un déficit muy amplio en construcción de viviendas.
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¡HASTA MAÑANA!