A VER QUÉ SIGUE

La historia que les debo se las cuento hoy. Es posible porque, contrario a lo anunciado, la dirigente estatal priista, Sara Rocha Medina no interpuso el último recurso que le quedaba para combatir la resolución de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que me exoneró de cualquier responsabilidad en cuanto a sus imputaciones de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Ignoro las razones del abandono del litigio. Pueden ser por lo menos dos: que Sara y sus abogados consideraron que acudir a la Sala Superior del TEPJF sería una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo (esta instancia solo admite ese tipo de recursos en casos de alta relevancia y trascendencia o en los que se aprecien violaciones graves de Constitución), o que inadvertidamente se les pasó el término legal.

He hecho un serio y responsable esfuerzo por simplificar el a veces complejo lenguaje judicial, sin apartarme de la realidad de los hechos; es decir, de la verdad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El 20 de noviembre del 2024 Sara Rocha acudió al Ceepac a promover en mi contra un Procedimiento Sancionador Especial, por considerar que en algunas de mis columnas yo había cometido violencia política en razón de género en su perjuicio. Como prueba de sus dichos aportó siete párrafos (en su mayoría Comprimidos), extraídos de Las Nueve Esquinas, publicadas entre el 26 de mayo del 2023 y el 22 de noviembre del 2024.

El Ceepac analizó las "pruebas" de Sara y resolvió que en ninguno de los siete textos aportados se configuraba la infracción denunciada. Si embargo, en uso de sus atribuciones legales, el órgano electoral ordenó a su área de comunicación social que ampliara la revisión de mis textos. 

Preste usted atención, por favor: Esa área del Ceepac analizó las 68 columnas de mi autoría publicadas en esos 18 meses, y entre todas ellas encontró ¡un! Comprimido, uno solo, leyó usted bien; un párrafo de 106 palabras de un total de 119 mil.  Con ese bagaje probatorio en mi contra, el consejo electoral turnó el caso al Tribunal Estatal Electoral, donde a finales de marzo resolvieron que sí era culpable y me impusieron cuatro sanciones: una amonestación pública, pedir una disculpa pública, asistir a un curso sobre violencia de género y ser inscrito 18 meses en el padrón de violentadores de género.

El párrafo inculpatorio dice: Doña Alita Rocha enloqueció. Si por afán espontáneo de imitación o por acatar instrucciones canallescas se propone descalificar públicamente a todos aquellos priistas que osen criticar las fechorías de su jefe, se va a quedar ronca y sin saliva. Y si cumple lo de expulsar del PRI a quienes insistan en no aplaudir al hampón ese, se va a quedar más sola que la una en punto. O bueno, puede ser que no. Siempre podrá contar con el puñado de cadáveres insepultos (políticamente hablando) que la flanquearon en su ridícula rueda de prensa de la semana pasada. Lo malo no es enloquecer sino no darse cuenta.

Al final de cuentas, luego de analizar diccionario en mano ese único párrafo, la presidenta y los dos magistrados provisionales (ya regresados a su condición de secretarios) concluyeron que yo ejercí Violencia Política de Género (VPG) por dos razones: por trasladar a Sara el apodo del presidente nacional del PRI, con lo cual demeritaba su personalidad, y por citarla como subordinada de Alito Moreno, reproduciendo así estereotipos de género que lastiman a las mujeres.

Antes de ver cómo la instancia superior hizo polvo esa perspectiva, es importante señalar que de entrada el Ceepac cometió dos fallas procesales: Una, nunca notificó a Rocha Medina que su acusación pasaba a sostenerse en un párrafo que no figuraba en su denuncia original, para que expresara si estaba o no de acuerdo, y luego, más grave aún, nunca me notificó a mí ese "añadido" para que pudiera defenderme de un punto concreto que no figuraba en el emplazamiento original que recibí. Es decir, me privaron de la posibilidad de una defensa cabal al negarme el conocimiento completo de la acusación.

Esto es interesante porque nos habla no sé si de la incompetencia jurídica, de la dejadez o de la sumisión a presiones externas de los consejeros y de los magistrados electorales. Tengo información confiable, pendiente de verificar más sólidamente, en el sentido de que en un principio el Ceepac y el TEESLP decidieron desechar la denuncia, pero que en el momento preciso ambos recibieron llamadas palaciegas imponiéndoles la resolución.

La omisión de enterarme plena y oportunamente de la imputación y probanzas en mi contra fue detectada de inmediato por el abogado Alejandro Colunga, que me hizo favor de representarme, y formó parte de sus alegatos al impugnar las resoluciones locales ante la Sala Monterrey. La deficiencia procesal de no enterar a Sara Rocha de que sus pruebas habían sido descartadas y sustituidas por otra, fue percibida por la Sala regiomontana.

Pero eso no es lo más importante. Los magistrados del Tribunal local confundieron semántica con gramática y estudiaron superficialmente los vocablos "Alita", "instrucciones" y "jefe", para concluir que yo había incurrido en estereotipos denigratorios de la condición femenina. En su resolución, las tres magistradas de la Sala Monterrey sí acuden a la semántica para encontrar los diferentes significados de esas expresiones, pero sobre todo, haciendo propios planteamientos de Colunga, aplican con acuciosidad la metodología establecida por la Sala Superior y la propia Suprema Corte, para identificar casos de VPG. 

Dicho de forma sencilla, esa metodología indica que para configurar la infracción sancionable debe establecerse si lo que se le dice a una mujer es por el hecho de ser mujer; también, en una especie de test, que se verifique si eso mismo no se le puede decir a un hombre. Además, que deben tomarse en cuenta la semántica, el contexto, los modismos regionales y otros elementos que permitan concluir razonada e informadamente si existe o no la VPG.

Dicho en forma muy sintetizada, contra lo decidido aquí, las magistradas regiomontanas concluyeron, también en consonancia con mi abogado, que no encontraban VPG en las expresiones cuestionadas, entre otras cosas porque en sus redes sociales Sara llamaba reiteradamente "jefe" a Alito, y porque varios artículos de los estatutos priistas establecen claramente que los comités directivos estatales, como el que encabeza la quejosa, están subordinados al Comité Ejecutivo Nacional. (Las capturas de pantalla de las redes sociales de Sara aportadas por el Lic. Colunga no tienen desperdicio). 

Por mantener un orden cronológico y documental, he dejado pendientes algunos datos que empiezan a correr el riesgo de quedar fuera. Los cito ahora:

En sus consideraciones y razonamientos para sustentar su fallo, los magistrados del TEESLP aluden a mi condición de periodista, pero no le dan mayor peso. Saben también que de acuerdo con jurisprudencias de la Suprema Corte y de la Sala Superior, las personas que ocupan un cargo público o aspiran a un cargo de elección popular deben tener una tolerancia mayor a la crítica, indispensable para un sano debate público que fortalezca la vida democrática del país.

Esto si lo hace valer la Sala Monterrey, como creo quedó claro con el contenido de mi columna de la semana pasada.

Mucho me temo que tendré que retomar esta amplia temática la próxima semana, porque el espacio se me agota y hay unos Comprimidos que no conviene posponer porque pueden perder actualidad. 

Debo, sin embargo, enfatizar un punto. Cada columna como ésta se compone de entre 1,700 y 1,800 palabras. Eso significa que las 68 columnas analizadas por el Ceepac de manera oficiosa (no ilegal) contienen aproximadamente 119 mil palabras. Según ese órgano electoral y el tribunal, encontraron que pude haber ejercido violencia política de género en un párrafo de 106 palabras. El 0.09 por ciento. Me resulta inevitable quedarme con la sensación de que eran, ¿o son?, muchas las ganas de fastidiar. A ver qué sigue.

Comprimidos

*La cancelación del proyecto de la presa Las Escobas es un fracaso rotundo para la administración gallardista. Pueden ser muchos y conmovedores los esfuerzos para disfrazarlo, pero la verdad ahí está. Nadie hizo más esfuerzos que el propio gobernador Gallardo Cardona para venderlo como la solución "para 50 años" a los problemas de abastecimiento de agua potable en la zona conurbada. Siempre, hasta muy recientemente, manejó que tendría capacidad para 6 millones de metros cúbicos (mmc). En algún momento llegó a hablar de 8 y hasta de 10 millones (googleelo). La verdad, ya se sabe, es que en el mejor de los casos almacenaría 2.6 mmc. Que lo vistan con el mejor ropaje que tengan (mala relación costo-beneficio; solo posposición, no cancelación; hallazgo de una mejor alternativa, etc.), pero en la dura y cruda realidad es un fracaso estrepitoso.

*Por más que le doy vueltas al tema no encuentro una explicación satisfactoria. Lo mismo puede ser que Gallardo Cardona tenga a su servicio una vidente de altos vuelos o que cuente con numerosas encuestas para su consumo personal. No sé, pero lo cierto es que día con día el gobernador muestra que, políticamente hablando, le tiene más miedo a Enrique Galindo que a Rosa Icela, a Rita Ozalia o a quien usted quiera. El afán de borrar del mapa al alcalde capitalino en realidad lo está fortaleciendo. Al modo de entender las cosas de muchos potosinos, si tanta inquina le trae el jefe del Ejecutivo estatal, por algo ha de ser. Gallardo ha convertido a Galindo en su principal adversario político y en su némesis.

*Hace unas semanas se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había admitido, para su estudio y resolución, la controversia constitucional que interpuso el Ayuntamiento de la Capital contra el decreto del Congreso local que faculta a la Sedeco para asumir atribuciones municipales en materia de uso de suelos y planificación urbana en la Zona Industrial. La SCJN negó la suspensión solicitada porque a su requerimiento el titular de esa dependencia informó que no ha ejecutado ningún acto al amparo del decreto impugnado. Como sea, el alto tribunal irá al fondo del asunto y se espera que resuelva el mes próximo, antes del cambio de ministros. El pronóstico es que el gobierno del estado se puede llevar otra madriza jurídica.

*Hay muchas formas de burlarse groseramente del Respetable. Por ejemplo, eso de clausurar antros en lunes, cuando siempre están cerrados, para reabrirlos el jueves, cuando siempre están abiertos. Veremos qué pasa hoy con la Sala de Despecho. ¿Verdad, don Cuquito?