La ciudad sin política
¿Le molesta el aumento del costo de la vivienda en la ciudad? ¿Conoce a alguien que haya tenido que buscar vivir más lejos porque no es posible pagar la renta o adquirir una vivienda cerca? ¿Ha notado cómo los negocios de siempre -la tiendita, la fonda, el taller- han sido reemplazados por cafeterías boutique, tiendas de conveniencia y cadenas de comida rápida?
¿Siente que su barrio ya no le pertenece?.
Si respondió que sí a alguna de estas preguntas, es probable que esté viviendo los efectos de un proceso conocido como gentrificación. Lejos de ser un fenómeno natural o espontáneo, la gentrificación es el resultado de decisiones -o la ausencia de ellas- sobre cómo se gobiernan nuestras ciudades. Y aquí vale la pena detenernos.
Nuestras ciudades se encuentran entre la gentrificación y el abandono de la gestión urbana. Desde hace unos años hemos presenciado un notorio y preocupante retroceso en el uso de las políticas públicas como herramienta para gobernar. Lo hemos dicho en otro momento y, en nombre de la honestidad intelectual y la objetividad lógica, no debemos ocultarlo; en lugar de diagnósticos, objetivos y diseño institucional, predomina la lógica de la inmediatez: responder a lo que conviene políticamente, aunque se carezca de una estrategia mínimamente clara para transformar la realidad. Lo político -entendido como cálculo, posicionamiento electoral y control simbólico- ha desplazado a lo técnico como método de acción gubernamental. Esta tendencia es particularmente visible en el ámbito urbano en nuestro país.
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Nuestras ciudades crecen, se complejizan, se fragmentan. Y sin embargo, la política urbana ha sido marginada. En lugar de gestión y planeación, se impone la omisión, la cesión del espacio público al mercado, la sumisión del interés público ante el poder del capital. La vivienda, la movilidad, el uso del suelo, el ordenamiento territorial -temas que deberían ser el centro del quehacer gubernamental- han quedado, en muchos casos, sin regulación efectiva.
En ese contexto destaca el reciente anuncio de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien presentó un paquete de 14 acciones para enfrentar la gentrificación. El llamado “Bando 1 por una ciudad habitable y asequible” incorpora algunas medidas para regular las rentas, controlar el mercado de estancias temporales (como los de la plataforma AirBnB), construir vivienda social y fortalecer los derechos de inquilinos. Es verdad que este anuncio parece ser una reacción ante la presión social -que no es nueva- pero que recientemente se ha manifestado a través de la movilización como la que ocurrió hace unos días en la Ciudad de México, o como la que se ha anunciado el próximo 20 de julio (sí incluyendo los actos vandálicos y el pillaje en negocios). Es muy discutible la viabilidad jurídica o presupuestal del plan que se ha presentado, pero no me cabe la menor duda: se trata de un intento serio de abordar un conflicto urbano desde el enfoque de política pública, no solo como respuesta simbólica.
En este esfuerzo podrían recordarse las ideas de Henri Lefebvre, quien propuso el “derecho a la ciudad” como un reclamo colectivo de acceso, permanencia y transformación del espacio urbano. También los planteamientos de David Harvey, quien advirtió que sin regulación y redistribución, la ciudad se convierte en un bien de consumo que expulsa a quienes no pueden pagarla. El caso de la Ciudad de México, con todas sus limitaciones, ha llamado mucho la atención como una posible excepción en un panorama nacional donde, en general, las autoridades locales han abdicado a su responsabilidad frente a la rectoría de la gestión urbana.
En la mayoría de las ciudades mexicanas, los gobiernos municipales y estatales no han reconocido y asumido el conflicto urbano como un problema público. La vivienda se deja a la especulación; la mobilidad, a la saturación; el transporte a los intereses económicos; el espacio público, a la privatización. Hablar de estrategias para mitigar el desplazamiento forzado les es ajeno, no se regulan los impactos del turismo depredador o del crecimiento desordenado. No hay política, y donde no hay política, hay despojo.
El reto no es menor. Como lo han señalado autoras como Raquel Rolnik o Loretta Lees, la gentrificación no es un fenómeno espontáneo ni inevitable: es el resultado de decisiones (u omisiones) políticas. Y solo puede enfrentarse con políticas públicas que asuman el conflicto, articulen instrumentos y apuesten por la equidad urbana.
Hay qué observar cómo se va desarrollando el planteamiento que acaba de anunciar la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Este no programa debe idealizarse, pero sí aprovecharse. El anuncio nos recuerda que la ciudad no es una mercancía sino un derecho colectivo. Y que su defensa pasa, inevitablemente, por devolver a las políticas públicas su lugar como método de gobierno, especialmente desde lo local.
Quien conciba que gobernar una ciudad es organizar espectáculos o anunciar obras remediales, bien le haría informarse al respecto.
X. @marcoivanvargas
