Farsa en verde
A finales de julio, sin venir al caso y de manera totalmente gratuita, a las bancadas del Partido Verde Ecologista de México en el Legislativo federal se le ocurrió que era buena idea promover un punto de acuerdo para que ese poder reconociera “el dinamismo económico en San Luis Potosí e incorporación del componente ambiental en la gestión gubernamental”.
Al ser San Luis el único bastión estatal del partido del tucán en el Senado y en la Cámara de Diputados, los y las integrantes del PVEM de las bancadas verdes que tienen origen potosino detentan un peso especial en el grupo parlamentario.
En especial Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y considerada heredera política del movimiento en San Luis.
De ahí que el resto de legisladores de las bancadas legislativas aceptaran promover el exhorto.
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De acuerdo a un vistazo reciente a la agenda de proposiciones hechas al Legislativo federal, la del Verde fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas y está marcada como pendiente de trámite.
No existe duda del sentido de la propuesta: un espaldarazo sin ambages al gobernador potosino y a su trabajo. Los elementos usados en la loa son los que llama la atención.
Porque el exhorto basa la petición de reconocimiento en medias verdades, hechos que sólo ocurren en la mitología verde y la apropiación descarada y sin arrepentimientos de logros ajenos.
También se percibe un absoluto desprecio al “timing” del elogio. En un entorno económico difícil, envenenado por la política arancelaria de Donald Trump, el aplauso a la situación económica de San Luis viene cuando las vacas llevan un rato enflacando.
Y no está ausente la contradicción, pues se ensalza el ambientalismo de un partido que no logra que funcione al 100% su red de monitoreo ambiental, deja ir proyectos para conservar el agua, se inventa bosques de papel y usa masivamente plástico contaminante en pendones propagandísticos.
La petición demuestra que al interior del Partido Verde, se creen su propia propaganda, entendida ésta como un vehículo que busca influir en los ciudadanos. En este caso, actuó sin filtros en los legisladores.
El exhorto arma un escenario ficticio, hacia el que senadores y diputados verdes aplauden a rabiar.
La épica gallardista empieza en 2021, inicia el exhorto. Este fue el año en el que el movimiento accedió al poder en San Luis, y en consecuencia, la entidad “dio inicio a una etapa de transformación estructural en sus políticas públicas”.
Rápido salta la primera incongruencia. El documento, basándose en cifras del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (cuya desaparición, por cierto, fue avalada por los votos del PVEM en ambas cámaras), atribuye al gobierno gallardista una reducción de 8.6% en la población en condiciones de pobreza entre 2016 y 2022.
Además de que es una exageración otorgar el crédito de la reducción a un gobierno estatal, sin contra con que el grueso del esfuerzo es de índole federal, los legisladores verdes alargan el plazo de la comparativa para hacerla ver más favorable.
El indicador del Coneval ya venía disminuyendo entre 2016 y 2020. El contaste apropiado es este último año con 2022, ya con el gallardismo en la gubernatura. Si bien el sentido es el mismo, una reducción, no es el de la magnitud presumida: 7.3 por ciento.
Sobre la posición del estado en la reducción de la pobreza, decir que San Luis se ubica en los primeros lugares es una exageración. En la comparativa propuesta en el exhorto, entre 2016 y 2022 el estado se ubica en el lugar 14. Baja a la 22 si se compara con la medición que le corresponde realmente a la administración, entre 2020 y 2022.
Las y los legisladores del Verde consideran también que “debe llamar nuestra atención” las estrategias del gobierno gallardista porque “se ha logrado una economía estable”.
Aquí se registra el mal “timing” señalado líneas arriba, pues algunas variables económicas vitales apuntan en sentido contrario: el estado arrastra un desempleo creciente desde hace meses, corroborado por el Inegi y el IMSS; la inversión extranjera directa ha perdido dinamismo, con una caída del 83 por ciento al primer trimestre, según el Inegi, y una reducción de 13.3 millones de dólares en el envío de remesas de dólares, como reveló recientemente el Banco de México.
Por cierto, en el aspecto de la IED, los legisladores incurren en una inexactitud… por defecto. El documento señala que entre 2021 y 2024, San Luis captó “más de siete mil millones de dólares”. En realidad, entre el último trimestre de 2021 y el último de 2024, se acumularon 11 mil 628.3 millones de dólares. Se quedaron cortos. ¿En cuántas estadísticas citadas más se habrán equivocado?
Por ejemplo, el exhorto considera como “nuevas” empresas en el estado a BMW, que llegó en 2019, y Cummins, que llegó tres años antes.
Y si los legisladores verdes hablan de la economía de la administración, el excesivo apego a los créditos quirografarios, de los que ha obtenido más de 11 mil millones de pesos en 4 años y la consecuente degradación de la calificación financiera que este año han decretado para las finanzas estatales no son indicadores de estabilidad.
Pero lo anterior no cuenta para los verdes, que insisten en las bondades gallardistas lo han ubicado como “uno de los dos gobernadores con mayor aprobación ciudadana”. Seguramente se refieren a una encuesta que regularmente encumbra Ricardo Gallardo, pero hay otros ejercicios demoscópicos que lo ubican en el fondo de la tabla. Es de suponerse que esto ocurre según quién pague el sondeo.
El exhorto deja el tema económico y pasa al ambiental haciendo una caravana con un gran sombrero ajeno: la declaratoria como Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, decretada, como lo manda la normatividad, por la Federación, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Independientemente de la ausencia de atribuciones para hacerlo, el gobierno gallardista no tuvo peso de relevancia en la acción simplemente por cuestión temporal: el decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2021, apenas dos meses después de que iniciara esta administración estatal.
La declaratoria de una ANP toma años en estructurarse. Si algo hizo, la entonces joven administración de Ricardo Gallardo Cardona difícilmente pudo hacer algo relevante.
E incluso ahora ha realizado acciones concretas para beneficiar a la sierra. Como se consignó hace unas entregas en este espacio, el anuncio de la siembra de un millón de árboles en la ANP no pasó del anuncio, como demostró el rosario de negativas de autoridades federales en respuesta a si conocían del ambicioso plan forestal.
Luego, el elogio va a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) a la que los legisladores del PVEM le ven una fortalecida capacidad institucional.
El elogio surge cuando el propio gobernador ubica a su titular, Sonia Mendoza, como candidata a un cargo de elección popular, lo que refleja la prioridad del mandatario en materia ambiental.
Por otra parte, la secretaría no ha brillado por su eficiencia. El sistema de monitoreo ambiental está desde hace años en un proceso de mejora inacabable, en el que rara vez funcionan las cuatro estaciones de monitoreo ambiental de la zona metropolitana y ni hablar de su aplicación.
Mientras que en el establecimiento del impuesto ambiental, la improvisación provocó que no pudiera hacerse efectivo sino hasta un año después en que se creó. Además de que la secretaría fue relegada del manejo y destino de los recursos.
De vuelta al aspecto económico, el comunicado legislativo cita como motivo de elogio la creación de un Registro Estatal de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC), un documento del que no se encontró alguna evidencia. Si existe, no es público.
Igual ocurre cuando comenta que existen inversiones y proyectos en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, la nueva estrategia del gobierno federal para potenciar el desarrollo regional con polígonos territoriales que disfrutarán de infraestructura específica, beneficios fiscales y facilidades administrativas para las empresas.
El proyecto fue presentado en mayo pasado, pero los legisladores verdes señalan que ya hay inversiones relacionadas con este programa en Ciudad Valles, Matehuala y soledad.
¿El problema? De los nueve polos que ya están funcionando y dos en proceso de licitación, ninguno está en San Luis. Todos están en el sureste.
De hecho, en la presentación del proyecto publicada por la Secretaría de Economía, San Luis Potosí aparece en la tercera etapa del proyecto, de evaluación. No presenta fechas para la aplicación del programa, pero no se ve bien que el estado se ubique en el penúltimo lugar de la lista de espera, en el sitio 40, sólo detrás de Zacatecas.
Finalmente, los legisladores atribuyen al gobierno de Gallardo Cardona un puñado más de logros ajenos: en materia de infraestructura, los proyectos carreteros Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla; los proyectos ambientales Observatorio Ambiental Estatal y la Alianza para la Evaluación de Riesgos en Territorio, Ambiente y Salud en San Luis Potosí (ALERTAS-SLP), planes presentados por la UASLP (tan maltratada por el gobierno gallardista) en diciembre del año pasado.
La cereza del pastel es la declaratoria de la Ruta Wixárika, considerado entre los logros del gobierno verde en San Luis Potosí, logro promovido por el gobierno federal, pero en realidad, un proyecto de la organización Conservación humana AC. De nuevo, si existió, la actuación del gobierno estatal fue mínima.
Para los correligionarios del gobernador potosino en el Poder Legislativo federal, “El gobierno potosino ha logrado un equilibrio entre desarrollo e innovación ambiental, combinando protección de ecosistemas, expansión de infraestructura, atracción de inversiones y generación de empleos”.
Por todos esos “méritos” los grupos parlamentarios del PVEM piden que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconozca “las acciones realizadas por el Gobierno de San Luis Potosí, que han permitido el dinamismo económico en la entidad y por incorporar el componente ambiental en todas las acciones Gubernamentales”.
Cuando el hambre de elogios no tiene límites.
