SE LAS VAN A COBRAR

El intento de represión e intimidación a medios de comunicación críticos, no obstante haber resultado fallido, va a traer consecuencias adversas para sus promotores y usufructuarios. Es decir, para el gallardismo en pleno. La parte más dura de esas consecuencias está por llegar, pero por lo pronto tenemos un nuevo monumento a la incompetencia legal y política de esta administración. 

A su falta de profesionalismo y seriedad, pues. 

 A nadie escapa que la súbita determinación del gobernador Gallardo Cardona de promover la derogación de las reformas al Código Penal que dieron origen a la llamada Ley Serrano en noviembre pasado, fue esencialmente para ahorrarse el bochorno de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenara hacerlo por tratarse de una normatividad anticonstitucional. 

Este autogol legislativo es inocultable, pues aunque poco ha sido traído a la discusión actual, en su momento la iniciativa serranista mereció aprobación y respaldo del Ejecutivo gallardista, que hoy busca ser visto solamente en su versión de justiciero y gran defensor de la libertad de expresión.

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Esta nueva derrota político-legal se suma a una larga lista, que sin ser exhaustiva incluye casos tan memorables como el de Xavier Nava Palacios, cuya inhabilitación para ocupar cargos públicos por 18 años fue anulada por la SCJN con un regaño para el congreso potosino por andarse metiendo en cosas que no son de su competencia.

La larga lista incluye dislates de todos tipos, formas y tamaños. Ahí están, por ejemplo, los casos del Tribunal de Disciplina Judicial que a nivel federal se integró con tres magistrados y aquí se legisló para que fuera unitario, y días más tarde hubo que recular; o el de la cárcel de Xolol que a la brava se quiso llenar con reclusas de esta capital, para poco después desistir por efectos de un amparo.

La lista es larga, pero vale citar algunas experiencias similares más: los permisos para una industria extractiva en Corcovada, que fueron anulados por la federación; los graves atropellos judiciales contra el doctor Miguel Ángel Lutzow, las obras públicas paralizadas por recursos legales en el Rio de Santiago y en el parque de Morales. Está también, desde luego, con luz y brillo propios, la torpe intentona representada por la llamada Ley Esposa.

A este palmarés de la incompetencia jurídica se añade ahora la Ley Serrano, por más que se quiera disfrazar de autocorrección. Por cierto, se trata de un detalle en apariencia menor pero que me parece significativo. Lo que el gobernador Gallardo firmó la semana pasada y entrego a la diputada Rocha fue una Iniciativa de reformas para derogar las normas que atentaban contra la libertad de expresión y otros derechos humanos. Sin embargo, por la razón que haya sido, todo el tiempo el titular del Ejecutivo habló de que estaba firmando y entregando “La Derogación”. Tanta ignorancia explica tantos desatinos. La facultad de derogar una norma legal es del Legislativo, no del Ejecutivo.

Retomo el tema de las consecuencias adversas que para el gallardismo han comenzado a traer la implementación y aplicación de la Ley Serrano. En el primer momento de su aplicación, mayo pasado, consistente en la detención y encarcelamiento de dos mujeres responsables de un portal muy crítico del gallardismo, varios medios de ese tipo con similares líneas editoriales, en automático le quitaron hierro a su contenido, y algunos de ellos iniciaron preparativos para cerrar ante el temor de ser también encarcelados. Los propósitos profundos de represión y amedrentamiento se cumplieron rápidamente.

Sin embargo, al poco andar, ante la inesperada y vigorosa reacción nacional e internacional en contra de la Ley Serrano, incluido un críptico boletín de la Secretaría de Gobernación, la mayoría de los comunicadores, sobre todo los más jóvenes, que días antes habían considerado dejar el oficio para no vivir en riesgo de cárcel, vieron que todo el terma se le estaba revirtiendo al gallardismo, y decidieron aguantar.

La estrategia les funcionò, y con ganancia. Originalmente su previsión era que la Suprema Corte anulara la Ley Serrano. Esa actitud de confianza en el futuro se percibió claramente el fin de semana antepasado, cuando los festejos del 20 aniversario de la primera derrota de la gallardía fueron despedazados en numerosos medios electrónicos e impresos, que poco antes estaban agazapados esperando la marcha de los acontecimientos.

Actualmente, según mi propia interacción con algunos de esos medios de la nueva era, que hacen uso intensivo de las redes sociales, en cuanto aparezca en el Periódico Oficial del Estado la derogación (esa sí, digna de tal nombre) la temporada de caza quedará abierta. Con la confianza de que en los casos extremos podrán litigar durante años posibles multas o amonestaciones, pero en libertad y ejerciendo su oficio, no en una celda de La Pila.

Dicho en otras palabras, Serrano y su patrón no van a sentir lo duro sino lo tupido. Una vez más, perdón por el lugar común: este no fue un tiro por la culata ni un balazo en el pie. Fue algo mucho peor. 

MANTRA MORENISTA

Desde hace ya meses, notoriamente desde que asumieron sus altos cargos partidistas Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, el mantra morenista más obsesivo ha sido que se hará todo lo posible para evitar la postulación como candidatos a cargos de elección popular de personajes “cuestionables”, con malos antecedentes o portadores de sospechas sobre su honorabilidad.

Apenas anteayer martes, la presidenta nacional de Morena, doña Ariadna, habló ampliamente del tema en conferencia de prensa. Dijo, entre otras muchas cosas, que Morena va a aplicar un triple filtro para que no se les cuele ningún impresentable. Se van a verificar, dijo, “sospechas de vínculos con el crimen organizado, señalamientos por violencia política de género, corrupción o actos de frivolidad que contradigan el discurso de la Transformación; movimientos financieros y pago de impuestos en orden, y hasta alertas ciudadanas 

en cartitas”.

La exsecretaria del Bienestar puntualizó también que para aspirar a gobernar con las siglas de Morena en 2027, “el partido reforzó los filtros para rastrear lo público, lo privado, el presente y, sobre todo, el pasado”. Y enfatizó que la fama pública no bastará para demostrar que todo está en orden; cualquier mancha será escrutada en varias etapas con un único objetivo: evitar candidatos con ‘sorpresas’ que impliquen un alto costo político para la Cuarta Transformación”.

Y remató: “Aunque estén muy bien en la encuesta, si alguien tiene cosas indebidas no se le va a permitir (participar)”.

Está entendido que estas rígidas y difíciles exigencias aplican también para candidatos provenientes de otros partidos pero que por efectos de una coalición aparecerán con el escudo de Morena en la boleta electoral. Es decir, a final de cuentas serían también abanderados guindas, a los que no puede exentar por traer otros colores.

Visto lo anterior, no sé usted pero yo me quedo con la sensación de que una eventual coalición Morena-Verde en San Luis Potosí -aún dejando aparte la gubernatura- simple y sencillamente se quedaría sin candidatos que pasen los filtros morenistas. Claro que el PVEM y el PT pueden postular a quienes quieran con la única condición de que cumplan los requisitos legales, pero tendrían que ir solos, sin la sombrilla guinda cubriéndolos. A nivel nacional, según encuestas recientes, el Verde no llega al 6 por ciento de intención de voto y el PT anda en la mitad de eso.

Hay manera de hacer un buen listado de prospectos del Verde para ser candidatos a presidentes municipales, a diputados locales y federales, e incluso a regidores, que si se quiere que lleven el respaldo de Morena, simplemente no hay manera; no pasarían ninguno de los filtros mencionados el martes por Ariadna Montiel. Dejo comprometido para la próxima semana una relación de un buen número de aspirantes “cuestionables” por diversas razones. Auténticos impresentables.

Por ahora, lo que queda más que claro es que Gerardo Sánchez Zumaya no tiene ninguna oportunidad. De entrada, Morena le negó su emblema para inscribirse en el proceso interno y aún con la mejor voluntad el PT andará en riesgo de perder el registro.

Sánchez Zumaya, debería dejar de andarle echando dinero bueno al malo, porque no creo que le alcance ni para una regiduría en Tanquián.

COMPRIMIDOS

En esta fase previa al arranque del proceso electoral 2027, conviene que las autoridades electorales, tanto federales como locales, emprendan ya sus esfuerzos didácticos con la población que está lista para ir a votar. Digo esto porque, a manera de ejemplo, según recuerdo desde hace cuatro o cinco años las candidaturas comunes fueron suprimidas de nuestra legislación electoral, y aún así se escucha y lee a personas, comunicadores incluidos, abogando por esa figura de postulación, que, repito, ya desapareció.

Además, al paso del tiempo, el reparto anticipado de los sufragios degeneró en un proceso vicioso que mediante arreglos insostenibles y poco honorables acabaron manipulado los resultados y, con ello, adulterando claramente la voluntad popular. Actualmente los partidos pueden postular a un mismo candidato, pero cada uno va en su propio recuadro. Así se sabe a quién corresponde cada voto y nada de repartos amañados.

Las candidaturas comunes se formalizaban jurídicamente en la figura de alianzas partidistas, pero tenían un grave defecto. Como los emblemas de los dos o más partidos que nominaban al mismo individuo iban juntos en un solo recuadro, era imposible saber a qué formación política correspondía el voto. Para efectos de contabilidad, eso se remediaba con un convenio previo en el que los partidos involucrados decidían por si y ante si qué porcentaje de los sufragios correspondía a cada uno de ellos. Con el tiempo esa opción se convirtió en la manera de evitar que los partidos minoritarios perdieran el registro, ya que otros les transferían parte de su votación.

Un reciente informe de la casa encuestadora Mitofsky, encargado y difundido por el periódico El Economista, me trajo una vez más a la mente una duda que me atosiga desde hace años: Cómo se concilian esos dos datos según los cuales el gobernador mejor calificado, más popular y mayor apreciado por su gente se desplaza con la que probablemente sea la escolta más numerosa del país. ¿En qué quedamos?

Hasta el próximo jueves.