Gobierno israelí vota por destituir a la fiscal general

JERUSALÉN (AP) — El gabinete israelí votó por unanimidad el lunes para destituir a la fiscal general, intensificando un enfrentamiento prolongado entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el poder judicial que los críticos ven como una amenaza para las instituciones democráticas del país.

El Tribunal Supremo congeló la medida mientras considera su legalidad.

Netanyahu y sus partidarios acusan a la fiscal general Gali Baharav-Miara de exceder sus poderes al bloquear decisiones del gobierno electo, incluida una medida para destituir al jefe de la agencia de seguridad interna de Israel, otra oficina supuestamente apolítica. Ella ha dicho que hay un conflicto de intereses porque Netanyahu y varios exasesores enfrentan una serie de investigaciones penales.

Los críticos acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, de socavar la independencia judicial y buscar concentrar el poder en manos de su gobierno de coalición, el más nacionalista y religioso en la historia de Israel. Netanyahu niega las acusaciones y dice que es víctima de una caza de brujas por parte de funcionarios judiciales hostiles incitados por los medios de comunicación.

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Un intento del gobierno de Netanyahu de reformar el poder judicial en 2023 provocó meses de protestas masivas, y hay quienes creen que debilitó al país antes del ataque de Hamás el 7 de octubre de ese año que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

El Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel, un destacado grupo de vigilancia, dijo que presentó una petición de emergencia ante el Tribunal Supremo tras la votación del lunes. Afirmó que más de 15.000 ciudadanos se han unido a la petición, calificando el despido de "ilegal" e "inédito".

En un comunicado, el grupo acusó al gobierno de cambiar los procedimientos de destitución solo después de no poder remover legalmente a Baharav-Miara bajo las reglas existentes. También citó un conflicto de intereses relacionado con el juicio en curso de Netanyahu.

"Esta decisión convierte el papel del fiscal general en un nombramiento político. La batalla legal continuará hasta que esta decisión defectuosa sea revocada", declaró el grupo.