Desafío Potosino

En San Luis Potosí, el suicidio ha dejado de ser un problema invisible. Los datos muestran una tendencia alarmante: en 2023, el INEGI registró 242 suicidios consumados, equivalentes a una tasa de 8.5 por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 6.8. Para 2024, las cifras preliminares elevaron la tasa a 9.1, confirmando que el problema se agudiza. *Pulso Diario de San Luis*, con su cobertura constante, aporta otra dimensión: en 2024 reportó 51 intentos de suicidio y en la primera mitad de 2025 ya sumaban 22. Cifras que, más allá de la estadística, representan vidas truncadas y familias desgarradas.

La comunidad internacional ha reconocido desde hace tiempo que la prevención del suicidio forma parte del derecho a la vida. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) obliga a los Estados a tomar medidas positivas para proteger la vida frente a amenazas previsibles, lo cual incluye programas de prevención del suicidio. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) amplía este deber al señalar que los Estados deben garantizar el acceso a la salud mental en igualdad de condiciones, atendiendo a quienes se encuentran en riesgo de autolesión.

A ello se suma la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su informe “Prevención del suicidio: un imperativo global” (2014), la OMS estableció que el suicidio es prevenible si se implementan estrategias integrales. Estas van desde la restricción del acceso a medios letales hasta la capacitación del personal de salud, la creación de líneas de ayuda y la reducción del estigma social. Además, en el Plan de Acción en Salud Mental 2013–2030, la OMS planteó como meta reducir en un tercio la tasa mundial de suicidios para 2030, dejando claro que se trata de un reto global que requiere compromisos nacionales y locales.

En el ámbito interno, México ha dado algunos pasos normativos. La Constitución, en su artículo 4°, reconoce el derecho a la salud, y en el artículo 1° establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y proteger los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. La Ley General de Salud, en sus artículos 27 y 74, ordena la inclusión de la salud mental en los servicios básicos. Asimismo, la NOM-025-SSA2-2014 establece protocolos de prevención y detección en hospitales psiquiátricos, lo que incluye el abordaje del riesgo suicida.

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El Programa Nacional de Salud Mental y Adicciones (PRONASAMA 2023–2024) también contempla la prevención del suicidio, con énfasis en adolescentes y jóvenes. Sin embargo, en la práctica, las políticas no logran consolidarse en una estrategia nacional uniforme. La consecuencia es que, mientras algunas entidades federativas han creado observatorios y campañas, otras apenas reconocen la magnitud del problema.

San Luis Potosí se encuentra atrapado en esa desigualdad institucional. Aunque existen esfuerzos locales, y la cobertura de medios como Pulso Diario mantiene la atención pública, el estado carece de un plan integral de prevención del suicidio. Las áreas rurales y marginadas presentan mayores carencias, con servicios de salud mental insuficientes y pocas redes de apoyo comunitario. Ello expone especialmente a los jóvenes, quienes representan el grupo más vulnerable.

El suicidio en San Luis Potosí no es únicamente un drama humano, sino un desafío jurídico y político. El Estado mexicano ha suscrito compromisos internacionales que lo obligan a garantizar políticas efectivas de prevención. Ignorar estas obligaciones implica incumplir con el derecho a la vida reconocido en la Constitución, en tratados internacionales y en los estándares de la OMS. Los números ya son una llamada de emergencia: 242 suicidios en 2023, tasas superiores al promedio nacional en 2024 y, más recientemente, intentos documentados por la prensa local en 2025.

San Luis Potosí no puede seguir atrapado en la inercia. Prevenir el suicidio requiere construir políticas sólidas, inspiradas en los marcos internacionales y adecuadas a las realidades locales. El costo de la omisión no es abstracto: son vidas humanas que se pierden día a día. La pregunta no es si podemos hacerlo, sino cuánto tiempo más esperaremos para cumplir con nuestras obligaciones jurídicas y éticas frente a la crisis del suicidio.

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@gmail.com