Justicia climática: cuando la dignidad humana depende del clima
En medio del colapso ambiental que enfrentamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado un paso crucial al emitir la Opinión Consultiva OC-32/25. Este pronunciamiento histórico no solo interpreta, sino que redefine el alcance de los derechos humanos frente al cambio climático. Y lo hace con claridad meridiana: el clima sano es un derecho humano. El mensaje es inequívoco. No hay justicia posible en un planeta inhabitable.
La Opinión Consultiva, solicitada por Chile y Colombia, surge de una pregunta esencial que toda nación debería hacerse: ¿cómo deben responder los Estados frente a una crisis climática que está arrancando vidas, desplazando comunidades y comprometiendo el futuro de millones? Lejos de una reflexión abstracta, la Corte responde con una contundencia jurídica que obliga a actuar. Porque ya no se trata solo de proteger bosques o reducir emisiones: se trata de proteger la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda y la dignidad humana. En una palabra: de proteger a las personas.
Vivimos, como lo reconoce la Corte, una emergencia dentro de una “triple crisis planetaria”: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Sus efectos ya no son predicciones de científicos encorvados sobre mapas satelitales. Son olas de calor que matan. Son huracanes que lo arrasan todo. Son incendios que devoran selvas y ciudades. Son comunidades indígenas desplazadas, niñas que pierden el ciclo escolar porque su comunidad ya no tiene agua potable, ancianos que mueren en soledad por falta de aire limpio.
La Corte no se queda en la descripción de estos horrores. Advierte, con claridad y rigor, que el cambio climático no afecta a todas las personas por igual. Mientras el 10% más rico del planeta es responsable de cerca del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la mitad más pobre de la población apenas contribuye con el 10%. Pero son justamente estos últimos quienes viven en las zonas más vulnerables, con menos infraestructura y menor capacidad de adaptación. La injusticia ambiental se convierte, así, en injusticia estructural.
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La Corte va más allá de las sentencias simbólicas. Reconoce por primera vez, con carácter vinculante, el derecho humano a un clima estable y sano. Y abre el camino a considerar a la naturaleza como sujeto de derechos. Aunque algunos jueces mostraron reservas sobre este último punto, el debate está abierto y es urgente. La dignidad humana, como lo señala la Corte, no puede desvincularse del entorno que la sustenta.
Este reconocimiento supone un parteaguas en el derecho ambiental interamericano. Ya no se trata solamente del artículo 26 de la Convención Americana o del Protocolo de San Salvador. Se trata de un nuevo paradigma que coloca al ambiente en el centro de la garantía de todos los derechos.
No hay derecho a la salud sin aire limpio. No hay derecho al agua sin ecosistemas sanos. No hay derecho al trabajo si los sectores productivos colapsan por sequías o tormentas. No hay derecho a la vida si el planeta es invivible.
En México, los desafíos son múltiples. La deforestación avanza. La contaminación del agua y del aire se agudiza. Las respuestas gubernamentales, sin embargo, han sido lentas, fragmentadas y muchas veces opacas. No hay una política de Estado que articule la justicia ambiental con los derechos humanos. Y peor aún, persiste la criminalización de personas defensoras del medio ambiente, pese a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.
Los tribunales mexicanos están ahora obligados a aplicar los estándares de esta Opinión Consultiva. Ya no es una opción progresista. Es un deber convencional. Lo mismo deben hacer los órganos legislativos y ejecutivos de los tres niveles de gobierno. La OC-32/25 no es una sugerencia. Es derecho vigente.
La Corte es clara: la justicia climática es también justicia social. Es una cuestión de equidad, de derechos humanos y de supervivencia intergeneracional. Nos interpela como gobiernos, como jueces, como activistas y como ciudadanos. No hay excusa posible para la inacción. El cambio climático ya no es una amenaza futura. Es un presente abrasador.
Delírium trémens.- No hay derecho a la salud sin aire limpio. No hay derecho al agua sin ecosistemas sanos. No hay derecho al trabajo si los sectores productivos colapsan por sequías o tormentas. No hay derecho a la vida si el planeta es invivible. En San Luis Potosí lo hemos vivido en carne propia: desde el intento de tala de árboles en avenidas emblemáticas, hasta la opacidad en el manejo de los impuestos ecológicos. ¿Cuántos de nuestros funcionarios han leído siquiera esta Opinión Consultiva? ¿Quién asume hoy el liderazgo institucional frente a una emergencia que amenaza la vida misma? Tenemos que vivir con dignidad en un planeta justo.
@luisglozano
