La Corte como escenario

En esta semana, luego de una puesta en escena en la que vimos a ministros arrodillados en una ceremonia en franca colisión con el Estado laico que determina el artículo 40 de la Constitución mexicana, inició sus labores esta nueva versión transformista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El cuatro de septiembre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación estrenó un nuevo Reglamento de Sesiones. A primera vista, podría pensarse que se trata de un documento técnico, destinado únicamente a organizar la agenda, fijar plazos y ordenar los debates. Sin embargo, una lectura con más atención nos advierte que el Reglamento tiene más de manifiesto político que de norma procesal, empleando un lenguaje que parece pensado para reforzar la narrativa de que la justicia ha sido “refundada” y que ahora debe actuar bajo los símbolos de la nueva era.

Hay una obsesión por la “máxima publicidad”. Hasta ahora, las discusiones podían ser seguidas abiertamente, pero siempre con espacio para la reserva en los casos delicados. El nuevo texto eleva esa transparencia al rango de dogma, como si lo importante no fuera la deliberación de fondo, sino la exhibición permanente. La Corte deja de ser un tribunal de derecho y se convierte en un escenario donde todo debe ocurrir “frente al pueblo de México”. Una diferencia sutil, pero reveladora, pues no se trata de actuar a espaldas de aquel, sino en favor de los graves y serios temas de Estado que deben ser tratados como tales.

El segundo síntoma es la reiterada mención a los sectores “vulnerables”. Nadie discute la necesidad de garantizar derechos a indígenas, afromexicanos, migrantes, menores o personas con discapacidad. Pero el Reglamento introduce estas categorías en casi cada página, incluso en disposiciones que poco tienen que ver con la protección de derechos. No se trata de una política pública sino de un recurso discursivo que atraviesa todo el texto. El mensaje no es jurídico, es propagandístico: una Corte “sensible al clamor de justicia”, cualquier cosa que Hugo Ortiz y sus pares entiendan por “justicia”.

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Lo más llamativo: la posibilidad de celebrar sesiones fuera de la sede de la Corte, en comunidades y pueblos originarios, respetando “sus normas y costumbres”. El simbolismo es evidente: se trata de teatralizar la justicia itinerante, como si el Pleno se convirtiera en una especie de caravana ritual que lleva la justicia al pueblo. 

También preocupa la manera en que se establecen prioridades temáticas. El Reglamento ordena que los asuntos relacionados con comunidades indígenas, afromexicanas, materia electoral, agraria o con menores de edad reciban trato preferente. Nadie duda de la importancia de estos temas, pero resulta revelador que sean precisamente los mismos que se encuentran en el centro del discurso político oficial. La Corte, en lugar de administrar su agenda con criterios de carga de trabajo o urgencia jurídica, ahora debe organizarla en función de una jerarquía ideológica.

Otro aspecto es el control de los tiempos. Hasta ahora, la deliberación en el Pleno era extensa, incluso pesada. El nuevo Reglamento impone relojes estrictos: diez minutos para el ponente, siete en la primera ronda, cinco en la segunda, tres en la réplica. El objetivo declarado es la eficiencia, pero en realidad se limita la posibilidad de argumentar a fondo. La deliberación compleja se subordina a la lógica del espectáculo: intervenciones rápidas, votaciones ágiles, decisiones en cadena. Una Corte convertida en noticiero de la tarde. ¿Irán a vender espacios publicitarios?

El Reglamento es una pieza de propaganda, moldeando a la Corte como actor político, en lugar de ser un contrapeso para decidir de acuerdo con el derecho incluso cuando eso resulta impopular. Su legitimidad debe proviene de los aplausos de la plaza pública, sino de la solidez de sus argumentos y de la independencia de sus decisiones. 

Bienvenidos al nuevo show de la cuarta transformación.

@jchessal