Obra depredadora Justicia sobre imagen
No sólo es controversial por el modo en que se entregó el contrato, sino también por la posibilidad de que los procesos ambientales no se hayan cumplido.
lll
La ampliación de la pavimentación del bulevar Río Santiago, del Periférico a Palma de la Cruz, se reveló polémica por su costo, más de mil millones de pesos; por los receptores del contrato, dos empresas tabasqueñas, en una de las cuales aparecen como socios personas identificadas por el polémico empresario Gerardo Sánchez Zumaya, como “prestanombres” del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
lll
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por si fuera poco, la obra beneficia directamente a un rancho propiedad del mandatario.
lll
Ahora, a eso se le debe sumar la posibilidad de que la obra sea generadora de daños ambientales por el derribo de un número indeterminado aun de árboles y el arrasamiento de vegetación diversa aledaña al camino de terracería que se pretende pavimentar.
lll
La alerta de un académico de que las obras de los tres niveles de gobierno de que estas obras se estén realizando sin cumplir con los requisitos ambientales obligados es para tomarse en cuenta. Una revisión a los listados de trámites de manifestación de impacto ambiental de la Semarnat presenta, curiosamente, la ausencia de este requisito en las obras estatales y de los municipios.
lll
Este gobierno estatal se ha destacado por ignorar soberanamente los múltiples señalamientos que se han hecho a sus obras y acciones. Y está ocasión, fácilmente puede pasar lo mismo. Sin embargo, sería muy grave que además de la opacidad en el manejo de los recursos destinadas a ellas, se le agregue la depredación ambiental como un defecto más.
lll
Algo tiene que cambiar en las instituciones educativas privadas en las que se registran casos de abuso o agresión contra los alumnos.
lll
Invariablemente, la reacción inicial va a ser el ocultamiento de los casos y el entorpecimiento de las investigaciones.
lll
Eso es lo que está ocurriendo en el caso revelado por Editora Mival. La dirección de la institución privada en donde un alumno en condiciones especiales fue agredido por otro está obstaculizando todo lo que puede las investigaciones de las autoridades educativas y de procuración de justicia.
lll
Aunque al conocer del caso prometió apoyar a la familia afectada, pronto cambió de opinión, cerrándose y evitando, por ejemplo, entregar las grabaciones completas del asunto, negándose a revelar lo que ocurrió en el grupo 10, el de los alumnos de secundaria con necesidades especiales.
lll
El hecho es la constante, por desgracia, por lo que parece necesario un reforzamiento de las leyes que garantice una actuación imparcial de las escuelas.
lll
Hay que privilegiar la justicia para los afectados por encima de la imagen de las instituciones.
¡HASTA MAÑANA!
