Rescatar la empresa pública
El rescate de la empresa pública es una divisa del actual gobierno de la transformación. En su reciente visita a la entidad potosina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó cómo los gobiernos neoliberales, desde 1982, se empeñaron en privatizar las empresas públicas administradas por el Estado mexicano, bajo el pretexto de que no eran rentables y lo que siguió fue un abaratamiento de bienes públicos para rematarlos a inversionistas de fuera y dentro del país con los que altos funcionarios mantenían relaciones inconfesables de negocios. Los conflictos de interés fueron minucias que no impidieron hacer las trácalas acostumbradas y, así resultó que personajes como Georgina Kessel y hasta el propio ex-presidente Zedillo, resultaron después miembros de consejos de administración de corporaciones que se beneficiaron con la venta de empresas públicas nacionales.
Hábiles en practicar lo que don Pablo González Casanova denominara como “el arte de mentir, incluso con la verdad”, los personeros de los gobiernos neoliberales se justificaban diciendo que las empresas públicas eran un lastre y era mejor deshacerse de ellas, dejando de lado que, en buena medida, ciertamente estaban permeadas por la corrupción y el saqueo, amén de que nunca se intentó un verdadero saneamiento financiero y modernización tecnológica porque era tanto como matar a la gallina de los huevos de oro. Además, incapaces de resistir las presiones del exterior para sujetarse a un nuevo ciclo de acumulación de capital, los personeros de los gobiernos neoliberales optaron por hacer los grandes negocios de sus vidas con el remate de las empresas públicas.
Por lo anterior, lo planteado por la Presidenta Sheinbaum es de gran importancia porque pone el acento en uno de los mecanismos que permitirán ganar soberanía, en este caso energética, con la recuperación de lo que significa e implica la Comisión Federal de Electricidad como empresa pública. La inauguración de la planta de ciclo combinado en el municipio de Villa de Reyes, dentro de un paquete de 60 a lo largo del sexenio, es una posibilidad cierta de potenciar el desarrollo nacional en áreas estratégicas, por lo demás anclado con plena legalidad en la misma Constitución Federal. Pero lo mismo podría decirse de otras áreas estratégicas para el desarrollo del país, sea el sector alimentario, el sector de infraestructura para comunicaciones, para el abasto de bienes y servicios básicos, en suma, de lo que en teoría se conoce como “condiciones generales de reproducción de una formación social” y que tienen que ver, por supuesto, con el impulso al bienestar material de los trabajadores y de la mayoría de la gente. En suma, privilegiar la función de servicio público.
A propósito de las plantas de ciclo combinado para generación de energía, con Felipe Calderón se les dio manga ancha a ese tipo de inversión a cargo de empresas españolas como Iberdrola que, empero no generaron compromiso alguno de impactar positivamente en la vida económica de comunidades aledañas. Fueron adquiridas por el gobierno de AMLO para reorientarlas con sentido social de servicio público. A Calderón, simplemente, le sirvió en su momento para generar su autoexilio y vivir cómodamente, hoy día, en España. Por cierto, de otro de los beneficiarios de este tipo de negocios con las privatizaciones de bienes públicos nacionales, como lo es Ernesto Zedillo, ya no se volvió a escuchar ni pío.
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