CONVIENE SABERLO

Hay una historia que debe ser contada. Y lo será, en unos días o en unas semanas, dependiendo de qué y cuándo decida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me refiero, desde luego, a la denuncia en mi contra hecha por la presidenta del Comité Directivo Estatal y diputada Sara Rocha Medina, por supuestamente ejercer violencia política en razón de género en su perjuicio.

    Este asunto comenzó el 20 de noviembre del año pasado y vivió su momento más esclarecedor el pasado viernes, cuando la Sala Regional Monterrey del propio TEPJF resolvió que Servidor no había incurrido en esa infracción legal. No lo he ventilado en ninguno de mis espacios en Pulso ni he concedido entrevistas al respecto. Ha sido así por las lúcidas y sensatas indicaciones de mi abogado Alejandro Colunga, ya que litigar en los medios no resultaba recomendable. 

   El fallo de la Sala Monterrey me favorece plenamente, por lo que no tengo razón alguna, ni personal ni jurídica, para acudir a alguna otra instancia, que sería la Sala Superior del citado tribunal. Sin embargo, la dirigente priista ha declarado a los medios que considera la posibilidad de interponer lo que se denomina Recurso de Reconsideración, precisamente ante esa instancia, última y definitiva. Dependiendo del día que haya sido notificada del fallo del pasado viernes 4, es en estos días cuando vence el plazo -de 72 horas- para recurrir a la instancia final.

Si se presenta ese último recurso, el TEPJF tiene dos opciones inmediatas: desecharlo si le parece que es notoriamente improcedente, o entrar a su estudio turnándolo a la ponencia de cualquiera de sus magistrados. Lo primero, de ocurrir, es cosa de pocos días; lo segundo, puede consumir fácil un par de meses. En algún momento mi abogado y yo seríamos notificados para comparecer en el proceso.

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Llegado el momento de escribir esta colaboración, consulté con Alejandro, quien me dijo que no resultaba conveniente abandonar la cautela de todos estos meses, por lo que un abordamiento en detalle de todo lo acontecido -que en mi opinión tiene aristas muy interesantes- debería esperar a una resolución jurisdiccional inapelable.

Sin embargo, entre el grueso legajo de denuncias, respuestas, alegatos, resoluciones, etcétera, encontré algunas consideraciones de la Sala Monterrey que me parecen muy interesantes y merecedoras de difusión. Lo hago por dos motivos principales: porque en estos días la violencia política contra las mujeres en razón de género ha atrapado la atención nacional (debido al surgimiento de casos icónicos en Tamaulipas, Tabasco, Puebla y otros lugares), y porque se trata de textos incorporados por las magistradas de la Sala Monterrey que estoy convencido deben ser conocidos por todos mis colegas. Son temas de gran actualidad cuya difusión debe promoverse. Si se miran bien las cosas, también pueden ser de interés para la sociedad en general. Pueden servir para formar criterios propios sobre cuestiones cada vez más presentes en nuestra vida pública nacional.

PUNTOS DE INTERÉS

    Para facilitar la lectura, todos los textos extraídos de la resolución de la Sala Monterrey aparecerán en cursivas, lo que permite prescindir de las comillas. Los énfasis que se reproducen aparecen en el original.

Sala Superior ha sostenido que los periodistas son un sector al que el Estado mexicano debe otorgar una protección especial al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública y, por ello, gozan de un manto jurídico protector respecto de su labor informativa. 

Conforme a la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte y Sala Superior, esta Sala Regional ha sostenido que al analizar los actos cometidos por periodistas que pudieran considerarse ilícitos por la violación de algún límite, restricción o modulación a la libertad de expresión, debe tenerse en consideración que estas personas cuentan con un grado de protección máximo, sobre todo cuando llevan a cabo sus actividades como profesionales del periodismo, pues su actividad es de interés público al robustecer el debate sobre los temas de interés en una sociedad democrática.

Ello implica que los órganos jurisdiccionales que lleguen a conocer de estos asuntos están obligados a realizar un análisis estricto sobre los actos objeto del reclamo...

...Dicha legislación (la que sanciona afectaciones al honor de las personas, por ejemplo), no puede convertirse en un mecanismo que motive la censura autoimpuesta por los propios periodistas o que generen una censura previa por parte de las casas editoriales, originadas precisamente por la expectativa de ser objeto de alguna condena.

En otra parte de la resolución, con referencia a las partes del litigio, la Sala Monterrey destaca que únicamente se trata de expresiones ríspidas realizadas en el ejercicio de la labor periodística del denunciado, dirigidas hacía ella en su carácter de dirigente partidista y en el marco de la renovación de la dirigencia local del partido político, como parte de un debate de temas de interés público, respecto de una persona que tiene un umbral de tolerancia mayor a la crítica, precisamente por tratarse de una persona con proyección pública que lidera un instituto político.

Párrafos adelante, el órgano jurisdiccional regiomontano aborda por separado y brevemente varias cuestiones que en resumidas cuentas aluden a: 1.- La libertad de expresión debe entenderse en sus dos dimensiones: la individual (de quien se expresa), y la colectiva (de todos quienes reciben el mensaje). Esta última reviste interés público. 2.- Un componente esencial de la figura de violencia política de género es que las expresiones se le digan a la mujer ofendida por el hecho de ser mujer. Para definir esta circunstancia, es importante comprobar si lo mismo no puede decírsele a un hombre. 3.- En esta clase de denuncias, es de considerarse también si la mujer afectada está o estuvo en posibilidad de refutar. Es decir, si tenía acceso o no a medios de comunicación.

Finalmente, en los casos de interés nacional, como el de Héctor de Mauleon, por ejemplo, las absurdas y hasta humillantes sanciones impuestas han sido dictadas por tribunales locales, en su mayoría controlados y manipulados por el respectivo gobernador. A la luz de lo que he vivido, estoy convencido de que una vez sometidos a la consideración de las instancias federales les va a ir mucho mejor. 

COMPRIMIDOS

Decía en Las Nueve Esquinas de la semana pasada que se ven venir días perros para San Luis Potosí, pero me refería a que quienes eventualmente los padeceríamos seríamos los potosinos en general; la ciudadanía, pues. ¿Por qué? Porque ahí se resentirían los estragos de un gobierno cada vez más amenazante, más represor y, también, más derrochador, endeudado y desordenado. Hoy debo corregirme: a la luz de lo sucedido el sábado anterior durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, me convenzo de que los días perros van a ser también para Ricardo Gallardo Cardona y su clan. Luego les platico más, pero hoy les puedo decir con toda seguridad que la jefa del Ejecutivo federal se fue muy molesta de estas tierras.

Todavía muchos se preguntan exactamente a qué trajo la Presidenta a su secretaria de Gobernación, nuestra paisana Rosa Icela Rodríguez. Algo de duda me queda porque los modos políticos actuales todavía resultan un tanto cuanto indescifrables, pero si fueran otros tiempos yo estaría convencido de que fue para una especie de predestape. A pocos pasó desapercibido que cuando la doctora mencionó públicamente la presencia de su más cercana colaboradora, astutamente aguardó unos segundos para que brotaran los gritos de "¡gobernadora, gobernadora!" Lo dicho, señores y señoras del Clan, vienen días perros.

Siempre había pensado que Héctor Serrano es un individuo siniestro, perverso, manipulador y nada probo, pero no tonto. Miren ustedes qué fácil se equivoca uno. Hace mucho que nadie hacía en público una exhibición de oligofrenia tan impactante, tan conmovedora. A manera de subproducto, ahora entiende unos por qué Gallardo Cardona, asumiendo que le hace caso a su asesor principal, dice tantas barbaridades y con tanta frecuencia. ¿De dónde saca Serrano que el Congreso local puede modificar lo que quiera y a la hora que quiera de las atribuciones municipales? ¿De verdad no entenderá que esas facultades están en la Constitución General de la República que solo puede modificar el Congreso de la Unión con mayoría calificada? Se supone que es abogado y ya fue diputado federal.

El jueves pasado Xavier Nava convino una entrevista radiofónica con la conocida periodista y conductora Carmen Aristegui. Sus amigos la promovieron en las redes y a las 8.45 de la mañana muchos nos dispusimos a escucharla. Nada. La señal de la radiodifusora local que retransmite el noticiero de Aristegui simplemente se esfumó. La verdad me preocupó mucho que pudiera ser una maniobra técnica del gobierno estatal, ya que además de ser un delito acreditaría una arbitrariedad tan desafiante como preocupante. Ya que supe la verdad me tranquilicé: todo fue cosa de billetes. El gallardismo está mostrando un excesivo nerviosismo, no cree usted. A final de cuentas la conversación se pudo escuchar en otra frecuencia, en YouTube y en redes. En estos tiempos esas acciones ya no sirven de nada.

Según quienes llevan las cuentas, mañana es el último día para que la presidenta del CDE del PRI, Sara Rocha Medina, comience a dar cumplimiento al fallo del Tribunal Estatal Electoral que le ordena reponer todo el procedimiento que condujo a su reelección en diciembre pasado. Lo primero que deberá de hacer es expedir una convocatoria para asamblea del Consejo Político Estatal, en la que se discutirá qué método de elección se utilizará. La diferencia es que los veintitantos consejeros expulsados la vez pasada por no ser de sus incondicionales, tendrán o deberán tener permitido el acceso. A ver qué pasa.

El programa La Clínica es Nuestra, manejado por la Secretaría del Bienestar, en nuestro estado tiene para este año un presupuesto de 300 millones de pesos, que deben entregarse a las aproximadamente 200 clínicas. El dinero lo reciben los integrantes de un comité por cada clínica, integrado por gente de la comunidad. Esa es la más reciente manzana de la discordia entre la 4T y el gallardismo que se lo quiere agandallar. Ya hubo varios encuentros a puñetazos, pero nada garantiza que no se repitan. Han sido constituidos algo más de 120 comités. Ojo.

Hasta el próximo jueves.