Avala Congreso establecer como delito el "halconeo"

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Estado que tipifica el "halconeo" como un delito, a pesar de críticas de algunas y algunos legisladores por la falta de análisis técnico y el posible impacto en derechos humanos.

La iniciativa fue impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y avalada sin modificaciones, con 18 votos a favor, nueve abstenciones y ningún voto en contra.

La reforma adiciona al artículo 293 Quáter un nuevo capítulo denominado "Obstrucción de la Seguridad Pública y la Vigilancia Ilícita", que establece penas de cinco a 12 años de prisión y multas de 500 a mil 200 UMAs para quienes vigilen, sigan o transmitan información sobre operativos de seguridad con fines delictivos.

Las sanciones se incrementan hasta en un 50 por ciento si se pone en riesgo la vida de agentes o se involucra a menores de edad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la discusión, la diputada Gabriela López Torres advirtió que el dictamen carece de opinión técnica por parte de la FGE, lo que puede derivar en interpretaciones que afecten derechos como la libertad de expresión o el acceso a la información. También cuestionó la rapidez con la que fue dictaminada y enviada al Pleno.

"Aunque la iniciativa de este delito ya existe dentro del Código Penal, el dictamen no está sustentado en una opinión técnica. Como legisladores, nuestra interpretación de la ley no siempre coincide con la interpretación que la Fiscalía hace de ella. Considero que se deben robustecer las iniciativas con más opiniones técnicas y apegadas a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", señaló.

El dictamen aclara que quedan excluidas del tipo penal, las actividades legítimas de prensa, vigilancia ciudadana, investigación académica y defensa de derechos humanos, siempre que no tengan fines delictivos.

No obstante, algunas organizaciones civiles también han advertido sobre el riesgo de que esta ley sea utilizada para inhibir libertades civiles, bajo el argumento de la Seguridad Pública.