Cuestiona oposición iniciativa para certificar a candidatos
El PAN y Morena expresan preocupación sobre posibles violaciones constitucionales y uso político
Foto: Citlally Montaño-Pulso
La iniciativa que obligaría a aspirantes a cargos de elección popular a obtener una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad antes de ser registrados por partidos políticos abrió en el Congreso del Estado un debate por el riesgo de que el gobierno termine definiendo quién puede competir en las elecciones de 2027.
El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que la propuesta presentada por el diputado Héctor Serrano busca "blindar" a los partidos políticos ante casos como los registrados en Sinaloa, aunque reconoció que los mecanismos deberán revisarse para evitar que contravengan la Constitución. Señaló que la reforma ya fue turnada a la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales y sostuvo que aún hay tiempo para discutirla antes del inicio del próximo proceso electoral.
Cuestionado sobre el riesgo de que los filtros puedan utilizarse contra adversarios políticos, Guajardo Barrera respondió que el Congreso deberá construir "el cómo sí" para impedir arbitrariedades. Adelantó además que el PAN prepara una propuesta propia de reforma electoral que incluirá medidas para revisar perfiles de candidaturas en todos los partidos políticos.
La diputada de Morena, Gabriela López Torres, rechazó que el Estado pueda intervenir directamente en la definición de candidaturas y sostuvo que "no puede ser juez y parte". Además, criticó que la iniciativa fuera presentada en el pleno sin difusión previa en la Gaceta Parlamentaria y sin tiempo suficiente para que las bancadas conocieran el contenido antes de su turno a comisiones.
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López Torres pidió que la discusión se abra a especialistas y mesas técnicas para revisar posibles afectaciones a los derechos de votar y ser votado. Aunque reconoció la necesidad de impedir la llegada de personas vinculadas con el crimen organizado a cargos públicos, insistió en que los controles no pueden quedar en manos del gobierno ni utilizarse como herramienta política.
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