La CEDH deberá inspeccionar penales

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que obligan al organismo a realizar visitas periódicas en los centros penitenciarios y barandillas municipales de San Luis Potosí. Con esta medida, se buscará generar diagnósticos anuales sobre las condiciones de internamiento, así como documentar fallecimientos, motines, abusos y quejas que ocurran en dichos espacios.

La iniciativa fue avalada con 23 votos durante la más reciente sesión extraordinaria. Según lo aprobado, los informes que resulten de estas visitas deberán hacerse públicos y entregarse tanto a las autoridades estatales como municipales, con el propósito de que sirvan de base para la creación de políticas públicas que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad.

El decreto establece que la CEDH deberá elaborar un Programa de Visitas Periódicas y Regulares, que incluirá un análisis detallado de las condiciones en los centros de reclusión. Entre otros aspectos, se contempla la revisión de las causas de fallecimientos, la atención a quejas documentadas y la identificación de otras incidencias relevantes que afecten la vida de la población penitenciaria.

Además, las reformas reconocen en la legislación la figura de las Visitadurías Generales especializadas, que ya operaban en la práctica y que atenderán áreas específicas como los derechos de pueblos indígenas, personas migrantes y población penitenciaria. La Comisión tendrá un plazo de 90 días para ajustar su reglamento al nuevo programa de supervisión y 45 días para armonizar las disposiciones que regulan estas visitadurías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estos cambios, el organismo deberá fortalecer su estructura interna y ampliar la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos, no solo dentro del Sistema Penitenciario y de Reinserción Social del Estado, sino también durante la etapa de investigación Penal. El propósito es garantizar que las condiciones de internamiento cumplan con la normatividad vigente y que se prevengan posibles abusos.