Obra pública, al margen de la Ley Ambiental

La infraestructura es la base de la civilización moderna. Comprende todo el entorno construido que nos rodea: desde las viviendas en las que habitamos hasta las carreteras que transitamos y las redes que nos proveen de agua y electricidad. 

Sin embargo, su desarrollo puede implicar un alto costo. Cuando no se planea, diseña, construye o mantiene adecuadamente, puede representar una amenaza para la vida silvestre, los ecosistemas e incluso para las propias comunidades humanas. Un ejemplo reciente es la ampliación del bulevar Río Santiago, en el tramo que va de la comunidad de El Palmar a Valle de la Palma, impulsada por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 

Aunque el proyecto fue presentado como una obra para mejorar la movilidad entre la capital potosina y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, ha generado preocupación por el impacto ambiental que conlleva, especialmente por la deforestación observada en la zona de construcción.

Mediante un boletín informativo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la obra tiene un “gran impacto social” y representa una mejora en la infraestructura estatal. También señaló que será de utilidad para los estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

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En julio de 2022, Gallardo Cardona estimó que el proyecto requeriría una inversión superior a los 300 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente anunció que el monto necesario sería de mil 100 millones de pesos y que la obra se extendería a lo largo de 9.5 kilómetros.

En un recorrido realizado en el entronque de La Palma y la carretera que conduce a El Huizache —ruta de acceso a la Facultad de Agronomía— se documentó el uso de maquinaria pesada para la tala de árboles en el lugar.

LA INDIFERENCIA DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Desde la perspectiva ambiental, el doctor Alfredo Ávila Galarza, profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señala que un proyecto de este tipo debe contar con una evaluación de impacto ambiental elaborada por personal técnico calificado.

Dicho estudio tiene la finalidad de identificar las acciones que se llevarán a cabo durante la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, así como sus posibles repercusiones. Además, debe ser autorizado por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que tiene la responsabilidad de proponer medidas preventivas, correctivas, de remediación o compensación. Estas medidas deben considerar el tipo de vegetación —herbácea, arbustiva y arbórea— y la fauna presente en la zona.

Ávila Galarza señala que en el caso de hierbas, arbustos y árboles pequeños, es posible su rescate y reubicación, preferentemente en áreas cercanas. También sugiere como medida compensatoria la revegetación del área afectada. Sin embargo, advierte que los ejemplares de vegetación adulta no pueden rescatarse con facilidad. “Normalmente estos ejemplares se pierden. Las medidas preventivas y de mitigación debieron establecerse claramente en el estudio de impacto ambiental, y la Segam, con base en su pertinencia, debió autorizar su ejecución”.

El académico subraya que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez también tenía la obligación de vigilar que se cumplieran las medidas preventivas o de mitigación impuestas por la autoridad ambiental. 

Recordó, además, que desde 2015 San Luis Potosí cuenta con una Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos, la cual busca proteger la vegetación en zonas urbanas.

De acuerdo con la Ley Ambiental del Estado y su Reglamento de Impacto Ambiental, los proyectos deben contener medidas preventivas bien definidas para evitar daños irreversibles.

EL PRESENTE Y EL FUTURO 

SIN CUIDADOS AMBIENTALES

Para el doctor Ávila Galarza, la situación actual en muchos proyectos ejecutados por los gobiernos federal, estatal y municipal es preocupante, ya que en numerosas ocasiones no se cumple con la normativa ambiental. Las consecuencias no solo implican deterioro, sino también destrucción de elementos naturales: suelos, cuerpos de agua superficiales y subterráneos, calidad del aire, flora, fauna e incluso impactos sociales sobre las comunidades.

“Eso no es lo que puede pasar, sino lo que está pasando: un deterioro, una destrucción del ambiente que muchas veces es irreversible”, lamentó. Reconoció que muchos de estos proyectos son necesarios —ya sea en infraestructura urbana, comunicaciones, agricultura o energía—, pero insistió en que pueden y deben realizarse con el menor impacto ambiental posible. “La ingeniería ambiental y la legislación no están formuladas para obstaculizar proyectos, sino para hacerlos técnicamente correctos, funcionales y compatibles con el entorno”.

Asimismo, refirió que fenómenos como la escasez de agua que se viven actualmente en San Luis Potosí no son coincidencias, sino el resultado de una mala gestión ambiental. “Lamentablemente, en muchas ocasiones, los proyectos se realizan sin considerar la protección del medio ambiente”.

EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES

Aunque San Luis Potosí cuenta con legislación ambiental, esta requiere actualización. No obstante, el doctor Ávila considera que existen ya los elementos legales suficientes para prevenir impactos ambientales en las obras de infraestructura. “Lo que hace falta es aplicar la ley en todos sus aspectos: impacto ambiental, residuos, protección de flora y fauna, conservación del suelo y prevención de la contaminación del aire y del agua”.

Criticó el hecho de que la ley no se aplique de forma equitativa: mientras que a los particulares se les exige el cumplimiento estricto de la normativa, a los gobiernos se les permite operar con mayor flexibilidad. “Ahí sí se paran de pestañas y exigen a los particulares el cumplimiento, pero en los proyectos del gobierno no se cumple. Es lamentable”.

Añadió que existen leyes de responsabilidad ambiental y de servidores públicos, que podrían responsabilizar a quienes autorizan proyectos ambientalmente deficientes. 

Además, exhortó a diputados y regidores no solo en actualizar la legislación, sino también a asignar recursos suficientes a las dependencias ambientales para que estas puedan atender de forma profesional y eficiente los retos ambientales.

EL CONTEXTO AMBIENTAL POTOSINO

San Luis Potosí tiene múltiples áreas de oportunidad en materia ambiental. Sin embargo, Ávila Galarza enfatizó la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una profesionalización del personal técnico. “Desde los secretarios, hasta los directores de ecología, medio ambiente y urbanismo, es necesario que estén capacitados y trabajen con expertos. Que propongan y ejecuten proyectos con estricto apego a la normativa”.

Además, denunció que los presupuestos asignados a las dependencias ambientales —tanto estatales como municipales— son insuficientes. “Se destinan cantidades mínimas a las dependencias encargadas del medio ambiente, lo que impide invertir en proyectos e investigaciones que mejoren las condiciones ambientales de la entidad.”.

Ávila Galarza concluye con un llamado urgente: “Las autoridades deben entender que incluir la variable ambiental no es un obstáculo. Es una forma de mejorar los proyectos para hacerlos más compatibles con el medio. Cuando logramos esto, los proyectos son exitosos.”