Ssa capacitaría personal para atender adicciones

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí, asumiría por ley la responsabilidad de capacitar al personal de los centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones, además de crear un registro estatal de personas farmacodependientes en proceso de rehabilitación con fines estadísticos, de acuerdo con una iniciativa presentada por el diputado Luis Emilio Rosas Montiel, para reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones del Estado.

La propuesta modifica las atribuciones de la Secretaría de Salud para incorporar un programa permanente de capacitación dirigido al personal de los centros públicos y privados dedicados al tratamiento de las adicciones. Asimismo, establece la obligación de integrar un registro de personas en proceso de rehabilitación, el cual deberá utilizarse únicamente con fines estadísticos y garantizar la protección de las y los datos personales de los pacientes.

De acuerdo con la iniciativa, la legislación vigente obliga a los propios centros de tratamiento a capacitar a su personal, pero no establece una responsabilidad directa del Estado para brindar ese acompañamiento. El legislador sostiene que esta falta de corresponsabilidad ha dejado a muchos establecimientos legales enfrentando solos las exigencias regulatorias, pese a que la prevención y atención de las adicciones también constituye una obligación de las autoridades sanitarias.

El proyecto argumenta que el déficit de espacios para la rehabilitación, sumado al endurecimiento de las inspecciones y al cierre de centros que no logran cumplir todos los requisitos, ha favorecido la operación de establecimientos clandestinos donde se han documentado abusos y violaciones a los derechos humanos. Ante ello, la reforma plantea aplicar labores de vigilancia con acciones institucionales para los centros que operan conforme a la ley, mediante capacitación periódica y apoyo técnico por parte de la Secretaría de Salud.

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Además de los cambios dentro de los centros de rehabilitación, la iniciativa busca que el registro estatal permita conocer el número de personas que reciben tratamiento, los tipos de adicciones que se atienden y la evolución del problema en la entidad, con el propósito de evaluar y mejorar las políticas públicas en la materia. El diputado señala que las reformas no contemplan la asignación de recursos adicionales, ya que podrían implementarse con la estructura y el personal existentes de la dependencia estatal.